La reforma del Código Procesal Penal de Catamarca empieza a tomar forma y cambiará la manera en que se investigan y juzgan los delitos en la provincia. Quién tomará las decisiones y qué lugar ocupará el juez es lo que todavía no se sabe.
La Comisión Redactora para la Reforma del Código Procesal Penal de Catamarca se reunió en las últimas horas para pulir la letra definitiva del proyecto, que después deberá pasar al tratamiento legislativo. La ministra de la Corte de Justicia provincial, María Fernanda Rosales Andreotti, habló con José Alsina Alcobert en "La Mañana en La Isla" (La Isla FM 107.9 y eldiariodecatamarca.com) y explicó qué busca el máximo tribunal.
"Esperamos, realmente tenemos mucha expectativa de que se pueda empezar a tratar en este periodo ordinario. Sabemos que queda muy poco tiempo, pero por lo menos que comience el tratamiento de este código para poder continuar durante el año que viene", señaló la magistrada sobre los tiempos parlamentarios.
Una reforma que busca cerrar el círculo
Rosales Andreotti ubicó esta iniciativa dentro de un proceso más amplio. Recordó que el Código Procesal Civil y Comercial ya se implementó el 3 de noviembre, y que el Código Procesal de Familia está previsto para el 1 de marzo de 2027. Con el penal, según dijo, se completaría la modernización.
"Por lo tanto, esta reforma viene a completar las reformas necesarias para poder mejorar la performance del Poder Judicial, tanto en términos de tiempos, de mejora de tiempos, como también de mejora de calidad en los procesos y en las decisiones", sostuvo.
Y agregó: "Un proyecto que entiende que viene a modernizar el sistema judicial de Catamarca y hacer pie porque no en todas las provincias se ha venido trabajando sobre esto".
Qué implica el sistema acusatorio adversarial
La ministra detalló el cambio de paradigma que trae la norma: "El sistema acusatorio adversarial, que es el que plantea este código, tiene que ver con la oralidad plena en el proceso penal, en todas las instancias del proceso penal, un sistema de organización de las estructuras judiciales distinto, que esto es muy importante porque es lo que se pidió en el Código Procesal Civil y Comercial y en el de familia".
En esa línea, advirtió que no alcanza con cambiar las leyes: "Si nosotros seguimos modificando leyes y no modificamos las estructuras, la forma de funcionamiento del poder judicial, difícilmente la sociedad pueda ver una mejora concreta y tangible en los hechos".
Sobre el nuevo papel de los magistrados, explicó: "Es necesario que vayamos hacia un sistema que sea acusatorio, adversarial, donde el juez tenga el trabajo de juez, esto es de estar en las audiencias y tomar las decisiones, y que las cuestiones organizativas y administrativas estén a cargo de otras instancias para que los funcionarios y magistrados judiciales puedan dedicarse a su función concreta".
Según indicó, ese esquema no solo agiliza las causas, sino que garantiza "una mayor transparencia y más agilidad porque el juez al tener que estar presente en todas las instancias y orales del proceso implica una relación directa con las partes, un contacto directo con la prueba, como sucede en el caso del juicio por jurado".
El Código Penal, ese "código muy viejo"
Consultada sobre el reclamo social por la benignidad de las penas en ciertos delitos, la ministra aclaró de quién es la competencia: "Primero que es un tema que está relacionado con una facultad que es del Congreso Nacional, que es de dictar el Código Penal. Por lo tanto, las penas las establece el Congreso de la Nación".
Igual, analizó la historia del cuerpo normativo: "El Código Penal es un código muy viejo que ha sufrido innumerable cantidad de modificaciones. Y digo y digo sufrido porque en realidad la sufrió". Para la funcionaria, los cambios aislados le hicieron perder coherencia: "Cuando uno hace modificaciones aisladas respecto de delitos aislados por alguna cuestión coyuntural o particular del momento, lo que sucede es que ese sistema que debería ser un código deja de serlo y comienza a tener parches que a la vez en realidad no nos dejan claridad sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos con mayor intensidad".
Por eso pidió una discusión integral: "A través del Código Penal, cuando se establecen las penas y los delitos, lo que hace una sociedad a través del Congreso es determinar cuáles son los bienes jurídicos más valiosos. ¿Cómo? A través de las penas que pone en relación a los delitos que se comete. Bueno, esa valoración tiene que ser sistémica porque si no terminamos con cuestiones de falta de congruencia".
Y fue más allá: "Muy necesario una reforma del Código Penal que sea, yo no diría una reforma porque reforma hemos tenido muchas, sino el dictado de un nuevo código penal que contemple un sistema de delitos y de penas que sean acordes y que sean sistémicos".
También puso sobre la mesa el objetivo del sistema punitivo: "Tenemos que discutir otras cosas y es, si el agravamiento de las penas ha llevado a una disminución del delito, si no tenemos que pensar en realidad también, además de en los delitos y las penas, en qué pasa en las cárceles, en qué pasa en la ejecución de la pena, en si de verdad estamos frente a una visión resociabilizadora como es la que plantea la Constitución de la Nación, o si en realidad estamos frente a penas que implican castigos sin resociabilización con personas que salen en igual o en peores condiciones de las que entraron".
Adolescentes, prevención y el último eslabón del Estado
Sobre la punibilidad de los adolescentes y los recursos provinciales, Rosales Andreotti reflexionó: "En realidad el derecho penal es la última instancia del Estado respecto de lo que sucede frente a distintos tipos de problemáticas". Y planteó preguntas de fondo: "Tanto en relación a los adolescentes como en relación a los mayores, hay otras cuestiones que como sociedad deberíamos preguntarnos en por qué la incidencia de algún tipo de delitos es mayor en nuestra provincia que en otras provincias, o por qué en nuestro país existe esto, qué medidas de prevención podemos tomar, cómo hacemos que no llegue al derecho penal esa persona".
Fue tajante al respecto: "Cuando esa persona llega al poder judicial, ya es porque han fracasado todas las otras instancias anteriores y por ende ya lo único que queda es la pena, digamos, el delito, la pena, la consecuencia normal del delito que es la pena".
Respecto de los espacios físicos para menores, señaló: "Además del lugar físico, que por supuesto que es muy importante... no es lo mismo estar en el servicio en el ámbito del servicio penitenciario, con los mayores que estar en un ámbito en el que ese encierro de alguna manera tiene que ser de otra naturaleza".
Para la resocialización, remarcó que "se necesitan cuerpos interdisciplinarios, se necesita que las personas que estén allí para cuidar y resguardar a los adolescentes sean personas que estén capacitadas". Y destacó una figura nueva: "El sistema penal juvenil de la nueva ley prevé la existencia de supervisores, que son quienes deben acompañar y estar al lado del adolescente que comete un delito para el cumplimiento de esa pena, ya sea privativa de la libertad o no. Y eso es muy importante también preverlo".
Inteligencia artificial: prohibida para decidir
La ministra contó que el código civil catamarqueño ya incorporó regulaciones pioneras sobre inteligencia artificial, criterio que se replica en el fuero penal. Sobre los riesgos, fue clara: "Por esa razón está absolutamente prohibida en términos de toma de decisiones. Las decisiones son de los funcionarios, de quien tiene la firma y así debe ser".
También alertó por la confidencialidad: "Hay otra cuestión que es muy delicada, que es los datos o la información que se sube a esas inteligencias artificiales, porque la información en los poderes judiciales de las causas que se tramitan son, y tienen que ser estrictamente guardadas y respetadas la intimidad de las personas y también la información, que puede ser accesible en una base de datos y la que no puede serlo".
Bullying, redes y el fracaso de todos
Frente a la repercusión de casos de acoso escolar y hostigamiento digital, la magistrada evitó referirse a expedientes puntuales, pero analizó el fondo: "Cuando este tipo de casos y los casos de bullying... la llegada de nuevo al poder judicial es la última instancia, es cuando hemos fracasado todos como sociedad, como comunidad educativa, como familia, como comunidad deportiva".
Aclaró que el bullying como término general no es un delito autónomo, aunque sus componentes sí pueden serlo: "Si por ejemplo se producen lesiones, si por ejemplo se producen alguno de los distintos tipos de violencia que establece la ley de violencia de género, digamos que hay otras figuras jurídicas que pueden entrar dentro de eso que llamamos genéricamente bullying y que a veces está constituido por conductas que en sí mismas pueden ser delito".
Sobre el impacto del proceso penal en los jóvenes, advirtió: "Siempre en estos casos las medidas alternativas son importantes de contemplar porque el daño, que paso por un proceso penal, genera no solo en el adolescente, en términos de su presente y de su futuro, porque el hecho de tener este tipo de antecedentes no es algo que sea gratuito en términos sociales".
Y sumó el factor de la viralización: "Hoy una conducta como nuestra llega a tener alcance internacional, tal como usted lo ha mencionado en este caso, y la opinión de todas las personas que bueno, a través de las redes sociales se toman la atribución de a veces de manera muy violenta opinar sobre cuestiones que no conocen".
Para cerrar, llamó a recomponer los vínculos: "Creo que muchas cosas como sociedad tenemos que replantearlo. Son tiempos muy difíciles. Las redes sociales hacen que esta instantaneidad de las comunicaciones, de la información y de la información falsa que circula también haga que todo el diálogo, la conversación pública sea muy difícil, sea basada en agresiones y descalificaciones y no tanto en los argumentos".
Y terminó con una autocrítica al mundo adulto: "Me parece que básicamente y muy básicamente no nos escuchamos. No nos escuchamos, no escuchamos a nuestros adolescentes... A veces no entendemos lo que nos están planteando los mensajes que nos dan, y nos confundimos y desde nuestra perspectiva de adultos intentamos dar una respuesta, que muchas veces lo que hace es como mínimo no cambiar nada para la vida de los adolescentes que no nos entiendan lo que estamos diciendo".
