Cuatro dirigentes habían llevado la ley electoral a la Corte y esperaban una respuesta. El fallo ya está y deja firmes las reglas que les exigían listas en 15 departamentos y alianzas de dos partidos como mínimo.
La Corte de Justicia de Salta puso punto final a la pulseada judicial por el régimen electoral provincial. El máximo tribunal ratificó la validez constitucional de la Ley 8535 de Participación Democrática y rechazó las acciones que habían presentado cuatro dirigentes políticos en expedientes separados.
El fallo sostiene que la norma fue sancionada por la Legislatura en ejercicio de sus facultades propias y que no presenta incompatibilidades con la Constitución Provincial ni con la Constitución Nacional.
Quiénes quedaron afuera
Los planteos rechazados habían sido impulsados por Carlos Raúl Zapata, Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Ariel Del Plá y Alejandro Patrón Costas. La resolución del tribunal les dio respuesta definitiva a cada uno de esos expedientes.
Las provincias fijan sus propias reglas
Uno de los ejes del fallo pasa por la atribución de las provincias para definir cómo se vota en su territorio. La Corte remarcó que cada distrito puede fijar sus propias reglas de juego electorales y que la elección del sistema de votación es una decisión de organización que queda en manos de los poderes políticos del Estado provincial, en función de las circunstancias sociales de cada momento.
Quince departamentos, el requisito para la gobernación
En cuanto a las condiciones impuestas a los candidatos, el tribunal consideró adecuada la obligación de presentar listas en al menos quince departamentos para poder competir por la gobernación. Para los jueces, se trata de un requisito de representatividad territorial que guarda relación con las funciones del Ejecutivo provincial, que representa al conjunto de la provincia y no a una sola porción del territorio.
Alianzas de dos partidos como mínimo
La sentencia también convalidó la exigencia de que las alianzas electorales se integren con un mínimo de dos partidos políticos para poder presentarse. Según el fallo, esa medida respeta el principio de igualdad y apunta a garantizar una mayor diversidad de propuestas ante la ciudadanía.
Con esta decisión, el régimen electoral salteño queda firme y sin cuestionamientos constitucionales pendientes.
