La Corte de San Juan envió a Diputados un proyecto con 55 cargos: qué lugar de la provincia se lleva la atención
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La Corte de San Juan envió a Diputados un proyecto con 55 cargos: qué lugar de la provincia se lleva la atención

¿Qué lugar de San Juan quedó otra vez en el centro de la discusión por la ampliación de la Justicia? El proyecto que la Corte envió a Diputados incluye un cargo clave que había quedado postergado.

La Corte de Justicia de San Juan remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca ampliar la planta del Poder Judicial con 55 nuevos cargos. La iniciativa apunta a reforzar el Ministerio Público y otras dependencias, y recupera una vacante que había quedado postergada: un juez de Paz para Caucete.

Según publicó 0264 Noticias, el planteo nació de un relevamiento de las necesidades de recursos humanos en distintos organismos judiciales. La propuesta incluye cuatro fiscales de Primera Instancia, un juez de Paz para Caucete, funcionarios, personal administrativo, técnicos y agentes de Maestranza.

El sistema acusatorio, detrás del pedido de fiscales

San Juan implementó el sistema acusatorio en febrero de 2024. Bajo ese modelo, los fiscales tienen a su cargo la investigación de los delitos, y el volumen de expedientes y la complejidad de ciertas causas son los argumentos para ampliar la planta.

Los cuatro nuevos fiscales de Primera Instancia estarían destinados a reforzar las Unidades Fiscales de Investigación (UFI). Entre las dependencias mencionadas aparecen Delitos Informáticos y Estafas, CAVIG y UFI Genérica.

El proyecto, sin embargo, no contempla los cargos necesarios para la futura implementación del sistema acusatorio en el Régimen Penal Juvenil. Esa transformación exigirá una ampliación específica que alcanzará a fiscales, jueces, defensores oficiales y asesores de menores.

Cómo se reparten los 55 puestos

Además de los cinco cargos de magistrados, la propuesta incorpora 14 cargos de funcionarios judiciales. Dentro de ese grupo se destacan ocho secretarios de Primera Instancia, que podrían distribuirse entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. También prevé dos secretarios privados para Fiscalía General y cuatro secretarios de Juzgado y del Registro Público de Comercio.

En personal administrativo, el planteo suma diez incorporaciones: cuatro jefes de Despacho y seis oficiales mayores, destinados a acompañar el funcionamiento cotidiano de las dependencias.

El área técnica concentra la mayor cantidad de incorporaciones después de magistrados y funcionarios, con 22 cargos: ocho oficiales técnicos, cuatro oficiales superiores técnicos de Primera, cuatro oficiales superiores técnicos y seis auxiliares principales técnicos.

Por último, se incorporan cuatro puestos de Maestranza, correspondientes a la categoría de mayordomo.

Caucete, la vacante que vuelve a la carga

Uno de los puntos que recupera el nuevo proyecto es la creación de un cargo de juez de Paz para Caucete, una necesidad que había quedado pendiente durante el tratamiento de una iniciativa anterior de la Corte, cuando se priorizaron otras vacantes judiciales.

Actualmente, el departamento cuenta con un único Juzgado de Paz, a cargo de Luciana Salvá. Su competencia es amplia e incluye asuntos contravencionales, de familia, violencia familiar, ejecuciones y sucesiones, entre otros temas.

La sobrecarga de trabajo fue uno de los argumentos expuestos por la Corte. En un relevamiento anterior, el máximo tribunal había informado un incremento de 10.607 causas nuevas desde 2024 hasta febrero, dentro de un universo de 51.028 expedientes activos registrados durante los últimos cinco años.

Como antecedente, Pocito cuenta con dos Juzgados de Paz y funciona bajo un esquema de Oficina Judicial con Gestión Asociada. Ese mismo mecanismo de organización está previsto para Caucete, aunque su implementación no supone necesariamente incorporar más personal administrativo.

Un nuevo capítulo en la ampliación de la Justicia

El proyecto de 55 cargos no aparece de manera aislada. Durante los últimos años, la Corte de Justicia impulsó distintas iniciativas para ampliar la estructura judicial, en un proceso relacionado con la implementación del sistema acusatorio, el crecimiento de la actividad jurisdiccional y las necesidades de diferentes fueros.

En una radiografía publicada por Tiempo de San Juan en junio de 2026, se reconstruyó la evolución de esas incorporaciones entre 2020 y 2026. El relevamiento permitió estimar que, entre 2022 y 2026, se habían creado alrededor de 40 a 50 cargos mediante distintas leyes, entre jueces, fiscales, defensores oficiales, asesores y otros funcionarios jerárquicos.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 2024, cuando la Legislatura aprobó una iniciativa que permitió incorporar 14 cargos judiciales, principalmente vinculados al Ministerio Público. Posteriormente, el Consejo de la Magistratura convocó los concursos correspondientes para cubrir once puestos de fiscales y tres de defensores oficiales.

En junio de este año también se aprobó un proyecto impulsado por la Corte para crear tres nuevos cargos judiciales. Aquella iniciativa se sumó a una política de ampliaciones sucesivas que, en los últimos años, alcanzó tanto al sistema penal como a los fueros de Familia y Laboral.

La misma radiografía advirtió una diferencia importante: no todos los concursos del Consejo de la Magistratura representan un crecimiento de la estructura. Una parte considerable corresponde a vacantes que se generan por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, ascensos o designaciones en otros puestos. De acuerdo con el análisis de los llamados publicados desde 2023, entre el 70 y el 80 por ciento respondía a reemplazos y no a la creación de nuevos cargos.

Los concursos y las designaciones que marcaron 2026

Durante este año, la Cámara de Diputados también avanzó con la cobertura de distintas vacantes. A fines de septiembre, los legisladores eligieron a Ignacio Achem como fiscal de Cámara, Yanina Peri como asesora de Menores e Incapaces, Daniela Rivas como jueza de la Cámara Laboral y Alejandro Genest como juez de la Cámara de Apelaciones de Paz. Los cuatro prestaron juramento el 13 de octubre.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura abrió en septiembre un concurso para cubrir seis cargos: un fiscal de Primera Instancia, un fiscal de Cámara, dos jueces de Primera Instancia para el fuero de Familia, un juez para la Segunda Circunscripción Judicial y un asesor de Menores e Incapaces para esa misma circunscripción.

El proceso continuó en octubre con la conformación de dos ternas para cubrir el Tercer Juzgado de Familia y un cargo del fuero Civil. En el primer caso quedaron seleccionados María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra. Para el puesto del fuero Civil, los postulantes fueron Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros.

La discusión también llegó al recinto legislativo. En noviembre, el bloque justicialista pidió que la terna del Tercer Juzgado de Familia tuviera tratamiento preferencial en la siguiente sesión. Sin embargo, la moción terminó empatada 17 a 17 y el presidente de la sesión, Enzo Cornejo, resolvió que el expediente continuara en comisión. En esa misma jornada tomó estado parlamentario la terna para cubrir una vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz, tras la salida de Víctor Bazán.

El lunes 16 de noviembre, la Comisión de Justicia y Seguridad completó las entrevistas a los postulantes de esas dos ternas y quedó en condiciones de avanzar con el análisis de los legajos y los despachos correspondientes.

El antecedente de los 80 cargos que quedó en el camino

Otro antecedente relevante se remonta a 2024, cuando la Corte envió a la Legislatura un proyecto para crear 80 cargos judiciales. La iniciativa perdió estado parlamentario al finalizar 2025 y no fue reenviada en marzo de este año, cuando el presidente del máximo tribunal había señalado que la situación económica nacional y su impacto en las finanzas provinciales impedían insistir con aquella propuesta.

En febrero de 2026, la Corte había presentado otro proyecto que contemplaba cinco cargos de magistrados: dos jueces de Familia, uno de Paz para Caucete, uno para Jáchal y un asesor oficial. Finalmente, la Legislatura aprobó cuatro. Tras una reunión entre Daniel Olivares Yapur, Guillermo Baigorrí y el gobernador Marcelo Orrego, se priorizaron los puestos vinculados al fuero de Familia y a la Segunda Circunscripción Judicial. El cargo de juez de Paz para Caucete quedó postergado y ahora vuelve a aparecer en la nueva iniciativa.

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