La Corte de Tucumán revisa el protocolo que protege a los chicos: qué cambió desde 2015
Sbdar encabezó la primera reunión y quedó al frente de un equipo que revisará el protocolo que rige desde 2015. Qué encontraron en el texto original que ya no cierra con la realidad actual.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) decidió revisar y actualizar el Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia, una herramienta que rige desde hace más de una década y que ahora busca ajustarse a un escenario distinto.
El puntapié inicial fue una reunión en el Salón de Actos del Palacio de Justicia, con magistrados de los fueros Penal y de Familia de los distintos centros judiciales de la provincia. La vocal Claudia Sbdar encabezó el encuentro y quedó a cargo de la coordinación del equipo que llevará adelante la actualización.
Un protocolo que nació en 2015 y quedó desactualizado
El instrumento fue aprobado por la Acordada N.º 361/2015 y desde entonces funciona como referencia para ordenar la intervención de los organismos estatales frente a posibles situaciones de abuso o violencia contra menores de edad.
El documento fija cómo deben coordinarse las instituciones desde el momento en que se toma conocimiento de un presunto hecho de abuso sexual infantil o violencia, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada de cada área competente.
Durante la reunión, Sbdar repasó cómo se gestó y puso en marcha el protocolo original, y subrayó su carácter interinstitucional y la participación de profesionales y organismos vinculados a la problemática. También remarcó que la herramienta trascendió las fronteras de Tucumán: otros poderes judiciales del país la tomaron como referencia.
Sin embargo, desde el máximo tribunal provincial advirtieron que, más allá de su valor, algunos de sus contenidos necesitan una revisión. Las razones: la evolución de ciertas conductas delictivas y las modificaciones legislativas, tecnológicas y organizacionales que se produjeron desde su aprobación.
Quiénes integrarán el equipo de trabajo
La iniciativa contempla un equipo interdisciplinario con magistrados, funcionarios y representantes de los organismos que tienen competencia en la atención y protección de niños, niñas y adolescentes.
Sus tareas centrales serán relevar las prácticas y estructuras vigentes, detectar qué aspectos del protocolo requieren modificaciones y armonizar sus disposiciones con los cambios normativos y organizacionales posteriores a 2015. La meta final es elaborar una propuesta actualizada que fortalezca la coordinación entre las instituciones que atienden a víctimas y testigos.
Para eso habrá reuniones y talleres de trabajo, además de las medidas administrativas y de apoyo que demande el funcionamiento del equipo.
Según la Acordada N.º 771/2026, fueron convocados representantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Coordinación del Fuero Penal y el Centro de Entrevistas de Declaración Testimonial (EDT) del Centro Judicial Capital. También participarán la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados y la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia N.º 1 del Centro Judicial Capital, entre otras dependencias con intervención en la temática.
El Poder Ejecutivo también tendrá voz
Como los procedimientos a revisar son interinstitucionales, la actualización requerirá la participación de áreas del Gobierno provincial. La Corte prevé convocar a representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social, cuyas competencias son clave para detectar, atender y acompañar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso o violencia.
La idea es que las nuevas disposiciones contemplen una intervención coordinada entre los organismos judiciales, sanitarios, educativos y de protección social.
Con esta primera reunión, la Corte Suprema dejó formalmente iniciado el proceso de revisión del protocolo aprobado en 2015, que deberá cerrarse con una propuesta de actualización. El objetivo: reforzar las herramientas institucionales de respuesta ante el abuso sexual infantil y la violencia, con procedimientos adaptados a las exigencias normativas actuales y a las transformaciones que atravesó la problemática.
