La Corte dejó firme un fallo por retenciones y Federación Agraria apuntó contra el artículo 755

La presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, salió a responder tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme un fallo favorable a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC) por retenciones aplicadas en 2007 y 2008. La dirigente reivindicó la oposición histórica de la entidad al esquema de retenciones móviles y reclamó al Congreso que derogue el artículo 755 del Código Aduanero, la norma que distintos gobiernos invocaron para modificar los derechos de exportación.

“La Justicia nos vuelve a dar la razón”, dijo Sarnari a LA NACION.

El fallo que quedó firme

En los últimos días, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para rechazar un recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas. De ese modo quedó firme una sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inválidas varias resoluciones ministeriales de 2007 y 2008 —entre ellas la 125— y ordenó devolverle a LDC las sumas reclamadas, con intereses.

El criterio de la Cámara sostuvo que el artículo 755 del Código Aduanero es constitucional, pero insuficiente por sí solo para respaldar las medidas cuestionadas sobre las alícuotas. Ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso y un techo u otro parámetro que permitiera determinar cuánto podía cobrarse. Para el tribunal, por su naturaleza tributaria, los derechos de exportación están sujetos al principio de reserva de ley.

Cuánto deberá devolverse

Según pudo saber este medio, el importe se determinará en una liquidación final que se calculará en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde se originó la causa, para cada operación alcanzada por el fallo. Se tomará la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido pagar con una alícuota del 20% para el caso del trigo. A esa diferencia se sumarán los intereses conforme a las pautas fijadas en la sentencia.

La Sala III remarcó que ni el artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, límites u otros parámetros para determinar las alícuotas, y que las resoluciones impugnadas tampoco habían recibido una ratificación posterior del Congreso.

El antecedente Camaronera Patagónica

Sarnari vinculó la sentencia con el precedente de “Camaronera Patagónica”. “La Corte ya había sentado este principio en 2014, en el caso Camaronera Patagónica, y hoy queda firme una nueva sentencia que aplica ese mismo criterio. Es una reivindicación de aquella lucha histórica de los productores agropecuarios”, afirmó.

“Cuando desde la Federación Agraria y la Mesa de Enlace nos opusimos a la 125, no luchábamos solamente contra alícuotas exorbitantes, sino también por la defensa de las instituciones: los impuestos deben establecerse por ley del Congreso, no por decisiones discrecionales de un gobierno”, sostuvo la dirigente.

El pedido de derogación del artículo 755

La titular de la FAA planteó que el caso reabre un debate que lleva décadas. “No puede ser que los productores, especialmente los pequeños y medianos, estén expuestos a cambios tributarios de un día para otro, ni que deban transcurrir décadas de juicios para que se respeten principios constitucionales básicos”, señaló.

“Derogar el artículo 755 permitiría eliminar una de las principales fuentes de controversia jurídica en esta materia”, sostuvo. Y agregó: “Nuestra posición sigue siendo la misma: las retenciones y cualquier otro impuesto deben discutirse y definirse en el Congreso de la Nación, mediante una ley, y no discrecionalmente por el poder ejecutivo”.

La mirada de la industria exportadora

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), consideró que la decisión de la Corte Suprema “brinda seguridad jurídica”. A su juicio, el fallo que quedó firme “sienta un nuevo precedente jurídico” y refuerza el criterio de que el Poder Ejecutivo requiere la intervención del Congreso para modificar los derechos de exportación.

Qué dicen las normas clave

El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación permite a la Corte Suprema rechazar un recurso extraordinario con la sola invocación de esa norma si considera que falta un agravio federal suficiente o que las cuestiones planteadas son insustanciales o carecen de trascendencia. En el caso de Louis Dreyfus, la Corte aplicó ese artículo para desestimar el recurso de la Aduana. Así quedó firme la sentencia de Cámara, sin un pronunciamiento del máximo tribunal sobre la validez de las retenciones cuestionadas.

Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo a aplicar, eliminar o modificar derechos de exportación para determinados fines, entre ellos proteger la producción nacional, estabilizar los precios internos o atender las necesidades de las finanzas públicas. En el caso de Louis Dreyfus, la Sala III consideró que el artículo era constitucional, pero que por sí solo resultaba insuficiente para respaldar las alícuotas aplicadas en 2007 y 2008, porque carecía de una escala, un tope u otros parámetros para fijarlas.