La Corte falló a favor de las universidades, pero los rectores ya anticipan un estallido si no hay plata

La medida cautelar de la Corte Suprema ordenó al gobierno de Javier Milei cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, pero los rectores temen que no se ejecute y advierten por un conflicto en puerta para la semana próxima. Los artículos avalados por la Justicia establecen una fórmula de recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización del monto de las becas estudiantiles. Hasta ahora esos incrementos no se ejecutaron.

En las casas de estudio aguardan a ver las liquidaciones de julio donde deberían aplicarse los artículo 5° y 6° de la ley. El fallo de la Corte se firmó a fines de junio con lo cual en esa oportunidad no se hizo a tiempo de cumplir con lo dispuesto por el máximo tribunal. Sí, en cambio, se abonó el aumento acordado luego de un proceso de diálogo entre los rectores, los sindicatos y las autoridades de Capital Humano. Ese acuerdo implica una erogación menor a la dispuesta por la medida cautelar.

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tienen información de que no se va a cumplir y anticipan que explotará el conflicto la semana que viene cuando lleguen los recibos de sueldo sin los aumentos. “La semana pasada debieron haber liquidado desde la secretaría de Educación a los empleados docentes y no docentes. Nadie sabe qué liquidaron. Cuando lleguen los sueldos nos enteraremos”, confirman.

¿Hubo diálogo entre el Gobierno y los rectores?

El diputado Esteban Paulón le envió por vía judicial una intimación al jefe de gabinete Diego Santilli para que confirme si pagarán o no. Lo respondió con formalidades legales sin atender a la consulta de fondo. Desde la confirmación de la cautelar hasta ahora no ha habido diálogo entre las autoridades y los rectores lo que aumenta la sospechas de quienes administran las casas de estudio.

El pago ha avanzado hasta ahora pero en el gobierno sostienen que de la mano de las nuevas reformas que impulsan, lograrán la recaudación necesaria para cumplir. Es decir, que con la aprobación del súper RIGI, la venta de tierras a extranjeros y las modificaciones al blanqueo de dólares bajo el colchón se logrará pagar más adelante.

¿Qué harán las universidades?

“Vamos a esperar a ver qué sucede la próxima semana y en virtud de eso seguiremos los caminos que corresponden en todos los ámbitos, incluido el judicial”, adelantan los rectores. En la secretaría de Educación no fueron concluyentes ante la consulta de este medio sobre si el pago concreto fuera a abonarse.

En ese contexto, Franco Bartolacci, titular del CIN, hizo una presentación esta semana para que se habilite la feria judicial y se pueda dictar sentencia en la cuestión de fondo. La solicitud es para que el poder judicial declare la inconstitucionalidad de los decretos del Gobierno que habilitan la aplicación de la ley universitaria solo si se determina el origen específico de los fondos.

“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo. Todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva”, escribió ante el tribunal.