La Corte falló a favor de una madre de Rosario del Tala y su hija con discapacidad: la escuela le ofrecía apenas cuatro materias
Una madre de Rosario del Tala pidió una escolarización inclusiva para su hija adolescente y la Justicia entrerriana le cerró la puerta. La Corte Suprema revisó el caso y encontró algo en la propuesta que le ofrecían a la chica.
La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ordenó revisar con urgencia el reclamo de una familia de Rosario del Tala. La adolescente con discapacidad había recibido una propuesta escolar que la limitaba a cuatro materias, una hora por día, cuatro veces por semana.
El máximo tribunal nacional falló a favor de la madre de la joven, que había presentado un amparo contra el Consejo General de Educación (CGE) para exigir una escolarización inclusiva y completa. La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Qué proponía la escuela y por qué la familia lo rechazó
El conflicto arrancó cuando la madre pidió al CGE que elaborara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) adaptado a las necesidades de su hija, con el fin de que pudiera sostener su trayectoria en el secundario.
De acuerdo con el expediente, la joven tiene un Certificado Único de Discapacidad que registra condiciones que afectan su visión, su audición y otras capacidades. La familia reclamó una propuesta pedagógica acorde a esa realidad y en condiciones de inclusión.
En mayo de 2025, las autoridades educativas sugirieron que continuara sus estudios en una escuela de educación especial. La madre se negó. Entonces apareció una segunda alternativa: cursar solo Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, alrededor de una hora diaria, cuatro días por semana.
Esa oferta dejaba afuera materias centrales del nivel secundario, y fue el detonante de la presentación judicial.
El primer fallo, la revocatoria y el nuevo escenario
En primera instancia, el juez interviniente hizo lugar al amparo y le ordenó al Consejo General de Educación elaborar un Proyecto Pedagógico Individual en un plazo de 20 días. La resolución sostuvo que las alternativas ofrecidas no constituían una propuesta educativa integral ni estaban diseñadas según las necesidades particulares de la adolescente, y que la organización de las clases no cumplía con la normativa provincial.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo. Los magistrados provinciales consideraron que la familia debía seguir por la vía administrativa que ya estaba en trámite ante las autoridades educativas.
La familia llevó el caso a la Corte Suprema, que analizó si la existencia de ese otro procedimiento alcanzaba para frenar el tratamiento judicial del reclamo.
Qué argumentó la Corte para revocar la sentencia entrerriana
Para los jueces, la existencia de una vía administrativa no puede usarse como argumento para rechazar de forma automática una acción de amparo. Correspondía evaluar si ese procedimiento era realmente apto para proteger el derecho en juego.
La Corte reparó en un punto clave: las propias autoridades educativas habían informado que ya habían realizado las intervenciones correspondientes y presentado las alternativas disponibles en la localidad. Eso ponía en duda que el trámite administrativo pudiera ofrecer una respuesta distinta.
El fallo sostuvo que “la admisibilidad de esta acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.
Los magistrados entendieron que el Superior Tribunal entrerriano incurrió en un “exceso ritual manifiesto” al priorizar una cuestión formal sin examinar la eficacia real de la vía administrativa, y que esa decisión vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El voto de Lorenzetti sobre el derecho a la educación
En su voto concurrente, Ricardo Lorenzetti profundizó en las obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la educación, en especial cuando se trata de niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Recordó que ese derecho está reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y remarcó que el reconocimiento de un derecho no alcanza si no se adoptan medidas concretas para ejercerlo.
Lorenzetti coincidió en que una propuesta limitada a cuatro materias, sin contenidos fundamentales del secundario, no cumplía los estándares mínimos de la normativa educativa provincial.
Qué pasa ahora con el caso
La Corte hizo lugar a la queja de la familia, dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal entrerriano y dispuso un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos.
La decisión no aprueba directamente un Proyecto Pedagógico Individual ni impone una modalidad escolar específica. Lo que exige es que la Justicia provincial vuelva a analizar el reclamo sin quedarse en cuestiones formales y con la protección efectiva del derecho a la educación de la adolescente como eje.
El caso deberá recibir una nueva respuesta judicial que contemple las necesidades educativas de la joven y la urgencia de sostener su trayectoria escolar.
El fallo se conoció a días de la visita del Papa León XIV a la Argentina, quien ante el presidente Javier Milei había señalado que “crear las condiciones para que los jóvenes puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. Y agregó: “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.
