Dos empresas, dos provincias y una misma mina: la Corte Suprema resolvió quién manda en el expediente. La palabra que definió el fallo tiene más de 40 años de historia y no es "litio".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 5 de noviembre de 2026 una disputa entre dos empresas mineras que se disputaban el mismo territorio desde dos provincias distintas. El fallo dejó la causa en manos de la Justicia salteña y reavivó una doctrina judicial de hace más de cuatro décadas.
Todo empezó con una medida pedida por Lithium S Corporation S.A., concesionaria de la mina Tabariogrande, ante el Juzgado de Minas de Salta. El juez ordenó a Marhen Lithium S.A. y a otras personas sin autorización suspender los trabajos en el área concedida, retirar las instalaciones y abstenerse de nuevas acciones que afectaran los derechos invocados.
Marhen, en cambio, invocó derechos sobre las minas Tati, Tati I y Tati II, otorgados por Catamarca, y acudió a la Justicia de Belén. Ese tribunal también se declaró competente. Dos jueces, dos jurisdicciones y un mismo conflicto: el expediente llegó a la Corte para definir quién debía seguir interviniendo.
La palabra que lo explica todo
El fallo se apoya en un concepto breve, poco vistoso y bastante menos popular que el litio: previno. En lenguaje jurídico alude a la jurisdicción que intervino primero en el tiempo, y la Corte hizo suyos los fundamentos de la Procuración Fiscal: la causa debe permanecer donde actuó antes, es decir, en la Justicia de Salta.
La procuradora fiscal Laura Monti reconoció que detrás del caso existe una cuestión de límites interprovinciales cuya definición corresponde al Congreso. Pero aclaró que eso no impide resolver la competencia judicial y concluyó que el expediente debía quedarse en Salta. La Corte adoptó esos argumentos.
Un antecedente que excede a las empresas
La decisión tiene un alcance mayor que el de las dos compañías involucradas: vuelve a reconocer la competencia de la Justicia salteña y enlaza el presente del litio con una historia judicial de más de cuarenta años. En el fondo, se trata de un antecedente de soberanía territorial para una zona que sigue sin tener límites definidos por ley del Congreso.
El diferendo se proyecta sobre la franja puneña que va desde el cerro Vicuñorco hacia el cerro Azufre, en dirección a Chile. Allí se cruzan antecedentes históricos, actos de jurisdicción, derechos mineros y distintas interpretaciones sobre el alcance de las decisiones nacionales. El litio le dio renovado interés económico, pero el problema ya estaba instalado mucho antes de que un teléfono necesitara cargador.
Salta invoca antecedentes de posesión y actividad minera anteriores a la creación del Territorio Nacional de Los Andes. Entre ellos figuran explotaciones en el Salar del Hombre Muerto vinculadas con Ascensión Isasmendi de Dávalos y actividades mineras de Indalecio Gómez en Antofalla. La presencia provincial en esta historia no comenzó con la última cotización internacional del litio.
Del Territorio de Los Andes a la Corte
En 1900, tras la delimitación internacional de la Puna de Atacama, la Ley 3.906 creó el Territorio Nacional de Los Andes con una reserva sobre los límites definitivos de las provincias colindantes. En 1904 se lo dividió en departamentos y en 1943 el decreto-ley 9.375 dispuso su distribución: Susques pasó a Jujuy; Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres, a Salta; Antofagasta de la Sierra, a Catamarca.
Esa distribución administrativa dejó abierta una discusión sobre los límites que llega hasta hoy. En la Argentina, pocas cosas tienen tanta capacidad de permanencia como una solución provisoria.
La Corte ya había tenido que intervenir mucho antes de este noviembre. El 6 de agosto de 1985 resolvió una contienda relacionada con el Grupo Minero Diablillos. El razonamiento reconoció un problema práctico: la existencia de una controversia limítrofe no podía dejar los derechos mineros esperando indefinidamente hasta que se definiera el territorio. Había que determinar qué juez debía actuar, y el dictamen señaló que correspondía mantener la intervención salteña, destacando que el Juzgado de Minas de Salta había otorgado concesiones en la zona con anterioridad.
El 24 de septiembre de 1987, en el caso "Barros, Hugo Vicente c/ Boroquímica", vinculado con el Grupo Minero Tincalayu, la Corte volvió a declarar competente a la Justicia salteña, remitiéndose a un dictamen que retomaba aquella doctrina. La idea era clara: el conflicto entre provincias no podía convertirse en una sala de espera sin puerta de salida para quienes necesitaban ejercer y defender sus derechos.
Qué deja el fallo y qué queda pendiente
La precisión jurídica también forma parte de una buena defensa de los intereses salteños. La Corte decidió qué Justicia debe intervenir en esta causa, pero no trazó el límite definitivo, no adjudicó toda la franja disputada ni resolvió por esta vía la titularidad territorial de los recursos.
En 2015 el máximo tribunal ya había señalado que la definición de los tramos pendientes corresponde al Congreso de la Nación. La Constitución le asigna esa tarea. Por ahora, el expediente legislativo parece practicar otro deporte: la resistencia.
Para una provincia que reivindica antecedentes históricos y ejercicio efectivo de jurisdicción, esa continuidad tiene valor institucional. Para la actividad minera, aporta certeza sobre el tribunal ante el cual debe tramitar esta causa. La seguridad jurídica se construye también así: con autoridades que actúan, antecedentes que se respetan y decisiones que permiten saber dónde defender un derecho.
Nada de esto convierte a Catamarca en adversaria. Son provincias vecinas que comparten oportunidades y necesitan cooperación para que la minería genere empleo, proveedores y desarrollo. Justamente por eso hacen falta reglas claras: la incertidumbre territorial tiene costos que terminan pagando los proyectos, los trabajadores y las comunidades.
El Congreso conserva una responsabilidad pendiente. Mientras tanto, la Corte volvió a reconocer que, en esta causa, corresponde actuar a Salta. En una historia donde tanto se discute quién tiene razón, el máximo tribunal volvió a dar relevancia a quién había actuado antes.
