La Corte fijó cómo se evalúa a un preso que pide cumplir en casa: la letra chica que mira la salud de las cárceles
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La Corte fijó cómo se evalúa a un preso que pide cumplir en casa: la letra chica que mira la salud de las cárceles

El Cuerpo Médico Forense recibió el encargo y puso por escrito algo que incomoda: que un penal tenga servicio médico no significa que funcione. La Corte ya lo aprobó y los jueces lo van a usar para decidir quién cumple en casa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso orden en un terreno donde cada juez resolvía con su propio criterio: cómo se evalúa médicamente a un detenido que pide prisión domiciliaria por razones de salud. Lo hizo con la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El instrumento no decide quién sale de la cárcel. Eso sigue siendo potestad exclusiva de los magistrados. Lo que hace es fijar un estándar común para que los peritajes dejen de ser dispares y comparables entre casos, un problema que el máximo tribunal venía arrastrando.

El encargo había salido por la Acordada 21/2026: la Corte le pidió al Cuerpo Médico Forense que elaborara el protocolo. La lógica es simple y a la vez delicada: los jueces deben resolver sobre cuestiones médicas que no dominan, y necesitan informes con criterios científicos homogéneos.

A quiénes alcanza y qué situaciones contempla

El protocolo abarca a condenados y procesados mayores de 18 años alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Se activa en tres escenarios previstos por la ley: cuando la cárcel impide que el interno se recupere o trate su enfermedad, cuando padece una enfermedad incurable en período terminal —con pronóstico de vida de unos seis meses— y cuando una discapacidad vuelve inadecuada la detención o le implica un trato indigno.

Quedan en principio fuera de esta evaluación los mayores de 70 años, las embarazadas y las madres de niños pequeños, salvo que se sume alguna de esas situaciones de salud.

Cada caso se examina en dos ejes. Por un lado, la evaluación médica, odontológica y de salud mental, que debe ser presencial, aunque se admite la entrevista telemática con un médico de la unidad presente. Por el otro, la verificación de si el tratamiento indicado puede realizarse efectivamente en la cárcel donde está alojado.

La frase que obliga a mirar adentro de la cárcel

En ese punto el texto es tajante: “La sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. Es decir, no alcanza con que el penal diga que tiene servicio médico: los peritos deberán constatar el funcionamiento real para ese detenido en particular.

La lista de verificaciones es concreta: cobertura médica nocturna y los fines de semana, entrega de medicación, cumplimiento de la dieta, presencia de rampas y ascensores. Las autoridades penitenciarias tendrán que completar un formulario con carácter de declaración institucional, que se contrastará con la historia clínica y con los informes de la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General y los hábeas corpus colectivos vigentes.

El propio protocolo reconoce un límite estructural del sistema: ningún dispositivo del SPF alcanza la alta complejidad. Terapia intensiva, cirugía, unidad coronaria o hemodiálisis solo se resuelven con derivaciones a hospitales externos.

Cinco categorías y una advertencia

Las conclusiones de cada pericia deberán encuadrarse en cinco categorías, que van desde un tratamiento realizable en la unidad hasta uno que no puede llevarse a cabo en ningún ámbito penitenciario. Hay además una categoría para los casos en que la información disponible no alcance para concluir, por ejemplo cuando el SPF no envíe la documentación requerida.

El documento aclara que esas categorías no constituyen recomendaciones sobre la procedencia de la domiciliaria: esa decisión corresponde exclusivamente a los jueces. Tampoco obliga a que todos los exámenes los haga el Cuerpo Médico Forense: cualquier profesional designado por un tribunal deberá ajustarse a este estándar.

La resolución ordenó comunicar el protocolo a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad. Está prevista una primera revisión en seis meses y, luego, actualizaciones anuales.

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