Expediente 195/2026, ingresado el 20 de marzo: un diputado catamarqueño quiere que cada sentencia laboral quede publicada y clasificada en IURIX con el criterio del juez que la firmó. Qué pasó con la Corte para que lo reactive.
La Corte Suprema de la Nación dispuso que los créditos laborales en trámite —indemnizaciones, salarios adeudados— se actualicen con la tasa pasiva que prevé la reforma laboral. La decisión resonó en Catamarca: el diputado provincial Gustavo Pérez Díaz (La Libertad Avanza) salió a recordar que tiene un proyecto de ley para auditar cómo fallan los tribunales locales en materia de trabajo.
La iniciativa es el Expediente N° 195/2026, que ingresó el 20 de marzo de 2026. Propone crear un Registro Digital de Sentencias Laborales y un sistema de consulta de jurisprudencia alojado en la plataforma IURIX del Poder Judicial catamarqueño.
El artículo que sostiene el planteo
Pérez Díaz apoya su propuesta en el artículo 89 de la Ley N° 27.802. Esa norma de la reforma nacional obliga a que las sentencias definitivas en materia laboral se ajusten a los criterios de la Corte Suprema. Y va más allá: establece que apartarse de esos precedentes sin fundamento puede considerarse causal de mal desempeño para los magistrados.
Para el legislador, el fallo "Cavana" del máximo tribunal vino a confirmar lo que ya venía advirtiendo. "Los tribunales locales no pueden actuar como compartimentos estancos ni aplicar criterios personales o discrecionales por encima de la doctrina legal federal", remarcó. Y agregó: "Cuando la Corte Suprema fija una pauta de unificación, todos los juzgados y cámaras provinciales tienen el deber republicano de acatarla".
Qué dice el proyecto sobre la publicación de fallos
En los fundamentos, el diputado sostiene que el sistema informático actual de la provincia no permite analizar la doctrina judicial con transparencia ni comprobar si los jueces siguen las directivas del máximo tribunal nacional.
Por eso, el proyecto ordena publicar y clasificar las resoluciones todos los meses bajo parámetros concretos, como el magistrado interviniente y el criterio aplicado. El objetivo, según el texto, es que litigantes y sociedad puedan controlar si los fallos locales se ajustan a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
"La seguridad jurídica y la previsibilidad no son conceptos abstractos; se materializan cuando un empleador y un trabajador saben de antemano qué criterio se va a aplicar a su conflicto, sin quedar expuestos al arbitrio de la suerte o del tribunal que le toque en turno", señaló Pérez Díaz.
Y cerró: "El fallo de la Corte Suprema cierra cualquier margen de duda y ratifica la vigencia e imperiosa necesidad de aprobar nuestro proyecto de ley para garantizar la transparencia y el acatamiento efectivo de la ley en Catamarca".
