La Corte le frenó a la AFA el sueño de mudarse a Pilar: qué falta para lograrlo
La Corte Suprema le puso un freno a la AFA: ratificó la fiscalización de la IGJ y revocó el fallo que habilitaba el registro en Pilar. Para mudar la sede, la entidad deberá cumplir un paso clave que aún no tiene.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un duro golpe judicial. La Corte Suprema de Justicia, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó la potestad de la Inspección General de Justicia (IGJ) para seguir controlando a la entidad hasta que se resuelva de forma definitiva el cambio de sede a la provincia de Buenos Aires.
La decisión se enmarca en la fuerte pulseada institucional entre el Gobierno nacional y la conducción que encabeza Claudio Tapia. El máximo tribunal revocó así un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había habilitado el registro de la AFA en territorio bonaerense.
El origen del conflicto
Todo comenzó con la resolución 140/2026 de la IGJ, organismo que conduce Juan Bautista Mahiques, que rechazó la inscripción del nuevo estatuto de la AFA. La entidad pretendía trasladar su jurisdicción al partido de Pilar, pero la negativa oficial desató la batalla judicial.
La Cámara anuló esa medida y le abrió la puerta a la mudanza. Sin embargo, la Corte dio marcha atrás con esa decisión y avaló los argumentos del Estado: en las inspecciones no se encontraron oficinas administrativas reales en el domicilio declarado en Pilar.
Qué necesita la AFA para concretar la mudanza
Para que el desembarco en la Provincia sea efectivo, la AFA deberá obtener primero la cancelación registral por parte de la IGJ. Sin ese paso administrativo, el organismo nacional mantiene su rol de fiscalización, una facultad clave en un contexto donde veedores estatales fueron designados a principios de año para auditar las cuentas de la asociación.
La Corte justificó su intervención directa con una excepción al precedente "Levinas", debido a que una entidad del Estado Nacional es parte demandada.
Las causas penales contra Tapia y la dirigencia
En paralelo, los jueces supremos resolvieron conflictos de competencia en las investigaciones penales contra Tapia y otros altos directivos. Las causas se originaron por las acusaciones del empresario Guillermo Tofoni sobre una presunta omisión de ingresos por 300 millones de dólares en los balances oficiales, provenientes de un contrato de exclusividad comercial con la firma Tourprodenter LLC y su posterior desvío irregular.
La Corte adhirió a los dictámenes de la Procuración y dispuso que el expediente permanezca en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Rechazó así los pedidos para trasladar la pesquisa al fuero Penal Económico, al considerar que la falsificación de balances es un instrumento para cometer el delito de administración fraudulenta, figura propia de la justicia ordinaria.
El pedido de Campana y la causa "Pantano"
Por último, el tribunal denegó un pedido de inhibitoria del Juzgado Federal de Campana. El magistrado González Charvay reclamaba el expediente porteño por su posible vínculo con la causa "Pantano", impulsada por Elisa Carrió.
Esa investigación aborda un presunto lavado de activos a través de la empresa "Real Central SRL" para la compra de una propiedad de lujo en Pilar, con fondos que habrían sido desviados en favor del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La Corte delimitó ambas causas al calificar al lavado como un delito autónomo, por lo que la pesquisa por el fraude principal seguirá su curso en la Capital Federal.
