La Corte le movió el piso a Milei: el dato que lo deja solo frente a Cristina Kirchner
La Corte declaró inconstitucionales dos artículos del megadecreto de Milei y el Presidente perdió una condición que hasta ahora solo compartía con Cristina Kirchner. El dato que lo deja en un grupo de apenas cinco mandatarios.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023 que Javier Milei firmó apenas asumió, y con esa decisión el Presidente perdió una condición que hasta ahora compartía con Cristina Kirchner: tener todos sus decretos de necesidad y urgencia vigentes.
Así surge de un relevamiento del constitucionalista Gustavo Arballo, doctor en Derecho, publicado en agosto y actualizado tras el fallo. El trabajo pone en contexto una resolución que, más allá del caso puntual, revela cómo se comporta el máximo tribunal frente a los DNU.
Un club de cinco
Con el fallo, Milei se sumó al grupo de presidentes que sufrieron un revés judicial de la Corte mientras todavía gobernaban. Son apenas cinco: Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y ahora el libertario.
Hasta esta semana, el Presidente podía jactarse de que ningún decreto suyo había sido invalidado. Ese privilegio, por el momento, queda en manos exclusivas de la expresidenta, la persona que más tiempo ocupó el Poder Ejecutivo.
970 decretos, 18 invalidados
Desde la reforma constitucional de 1994 hasta fines de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia. La Corte Suprema declaró inconstitucional su contenido en apenas 18 oportunidades, según el relevamiento de Arballo.
Para el experto, ese panorama, sumado al sistema de control que prevé la ley, termina funcionando como un estímulo para que los presidentes elijan la vía del decreto. "El sistema no solo normaliza, sino estimula una vía que debiera ser muy restrictiva", advierte el autor del trabajo.
El tiempo juega a favor del poder
A Milei lo favorecía la demora del tribunal. La historia reciente muestra que la Corte suele tardar varios años en invalidar un DNU. La mediana de tiempo entre la firma de los decretos y los fallos que los declararon inconstitucionales fue de 48 meses, es decir, un mandato presidencial completo.
En el caso del megadecreto firmado en diciembre de 2023, pasaron casi tres años. Durante todo ese período la norma siguió vigente, incluso después de que el Senado la rechazara en marzo de 2024.
Los extremos del registro son elocuentes. El decreto que recibió el revés más rápido fue uno de Alberto Fernández: en mayo de 2021, apenas 19 días después de que suspendiera las clases presenciales por la pandemia, la Corte resolvió que esa decisión había violado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo aparece un decreto de Menem sobre aportes previsionales de la Gendarmería, invalidado en octubre de 2021, 24 años después de su firma.
"Si uno mira la actuación en general de la Corte frente a los DNU, se advierte una extraña combinación, de una retórica de fuerte control, combinada con una práctica en donde la reacción judicial deja mucho margen al Poder Ejecutivo: la Corte ha dictado pocas invalidaciones y, salvo excepciones, lo ha hecho tomándose sus tiempos, convirtiendo en estadísticamente raro el caso en el que un decreto se declara inconstitucional dentro de la propia gestión presidencial", evalúa Arballo.
Qué dice el fallo
La resolución apunta puntualmente contra los artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El megadecreto fue una de las principales herramientas que usó Milei para impulsar sus reformas económicas.
El tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la validez del resto de las disposiciones. Sin embargo, especialistas sostienen que la argumentación podría proyectarse sobre otros aspectos de la norma.
"En 'Bobbio' la Corte reafirma las pautas fijadas en 'Cencosud' y suma criterios importantes, sobre todo frente a un DNU anómalo y ómnibus como lo es el DNU 70/23", plantea Arballo.
La constitucionalista Lorena González Tocci explica el razonamiento del máximo tribunal: invocar una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas fue considerado una afirmación genérica, insuficiente para justificar el uso de una herramienta legislativa excepcional.
Para la especialista, los decretos "ómnibus" constituyen "una modalidad de abuso del derecho", porque reúnen una gran cantidad de reformas sobre materias que no tienen relación entre sí y modifican o derogan numerosas leyes.
"Ese es solo un hecho, fácilmente comprobable, que demuestra que no había ni necesidad ni urgencia en dictarlos, dado que supone que estuvieron precedidos de un profundo estudio de esa legislación, con lo cual, esa tarea bien podría haberla hecho el Congreso, depositario natural de la función legislativa", advierte González Tocci.
Por eso le asigna peso al fallo: "No bastan invocaciones genéricas de crisis o emergencia, y debe existir una conexión concreta entre la urgencia alegada y cada medida adoptada".