La Corte le puso fecha a la respuesta de la Nación por los subsidios al transporte: 60 días

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para analizar la demanda que la provincia de Buenos Aires presentó contra el Estado nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

El máximo tribunal, además, le fijó a la Nación un plazo de 60 días para contestar el reclamo. Una vez que llegue esa respuesta o venza el término, los jueces se abocarán a la medida cautelar que pidió la provincia.

Qué busca el planteo bonaerense

El objetivo de la acción es que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La causa se transformó en el antecedente inmediato de otras provincias que también reclamaron por el financiamiento del transporte. Este jueves, la Corte se declaró competente en planteos similares de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los números que reclama la provincia

Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar, el tribunal analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del DNU 280/2024 formalizó la medida.

Frente a ese escenario, la provincia inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y para que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan la ley.

Qué es el FCI y por qué la provincia dice que seguía vigente

El Fondo de Compensación, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener los subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado: la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte y en convenios suscriptos con la Nación.

La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez. La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias.

Según el planteo, la quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones y derivó en aumentos de tarifas.