La Corte le puso un freno a las prepagas: no podrán tocar las cuotas sin un permiso clave
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU de Milei y las prepagas ya no podrán actualizar sus cuotas por su cuenta. El caso nació con una afiliada que recibió un aumento del 110%: qué pasará ahora con los valores de los planes.
La Corte Suprema de Justicia cambió las reglas del juego para la medicina prepaga. Desde ahora, las empresas del sector deberán pedir autorización al Gobierno antes de aplicar cualquier aumento en sus cuotas, una decisión que toca de lleno el bolsillo de los afiliados.
El fallo declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, el decreto firmado por Javier Milei que había borrado las facultades del Estado para controlar los valores de los planes de salud. Con esa norma fuera de juego, el Poder Ejecutivo recupera la potestad de intervenir en las actualizaciones.
Qué dice la resolución y quiénes la firmaron
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti suscribieron la sentencia, que apunta contra los artículos 267 y 269 del decreto. Esos puntos habían modificado la Ley de Medicina Prepaga y eliminado las atribuciones estatales para meter mano en los aumentos.
Además, el máximo tribunal ordenó que el Estado nacional vuelva a cumplir las tareas de fiscalización que tenía antes de que el DNU entrara en vigencia. Ese control quedará en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los argumentos: la emergencia no alcanzaba
Para los magistrados, el Poder Ejecutivo no logró justificar por qué eliminó esos controles dentro del marco de la emergencia económica y social. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron en los fundamentos.
La Corte remarcó que faltó explicar por qué resultaba urgente sacarle al Estado la facultad de fiscalizar los aumentos. Tampoco encontró en los considerandos del DNU una relación concreta entre la crisis invocada por el Gobierno y la necesidad de suprimir las potestades de la autoridad de aplicación. Y menos aún cómo esa medida podía ayudar a resolver la emergencia.
El caso que originó todo
La causa arrancó con una demanda de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También dispuso que el Estado retomara las funciones de control y fijara el valor de las cuotas.
El Estado nacional y Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal, por su parte, consideró que correspondía confirmar la declaración de inconstitucionalidad y la obligación de la autoridad estatal de recuperar sus funciones de fiscalización sobre los aumentos.
Los límites del fallo
La Corte aclaró que su decisión se circunscribe a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad del resto del decreto. También señaló que la continuidad del trámite legislativo previsto en la ley 26.122 no impide que la Justicia revise normas que producen efectos concretos sobre las relaciones jurídicas.