Una defensora pampeana llegó hasta la Corte Suprema para frenar la caza con jauría. El máximo tribunal respondió, pero lo que aclaró en el fallo cambia el alcance de la discusión.
La caza de jabalíes con perros continúa habilitada en La Pampa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja que había presentado la defensora civil Ana Carolina Díaz y, de esa manera, quedó firme la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) pampeano de no dar curso al amparo.
Sin embargo, el máximo tribunal nacional aclaró que su resolución no significa un aval a la constitucionalidad de la ley provincial 1194. Según el fallo al que accedió Diario Textual, esa norma no fue cuestionada en la demanda ni fue objeto de decisión durante el proceso, por lo que la Corte no se expidió sobre su validez.
Qué pedía la defensora
Díaz, en representación del Ministerio Público de la Defensa, había promovido un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas que permiten usar perros —en forma individual o en jaurías— para la caza deportiva. El cuestionamiento se centró en el artículo 26 del decreto 2218/94, reglamentario de la ley 1194, y en las disposiciones que derivan de ese artículo.
El recorrido judicial fue largo. En primera instancia, el Juzgado Civil 5 de Santa Rosa rechazó la acción. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería le dio la razón a la defensora y declaró inconstitucional la normativa. Pero el STJ revirtió esa decisión: hizo lugar al recurso extraordinario de la Provincia y volvió a rechazar el amparo.
El argumento del STJ
Los jueces provinciales sostuvieron que la ley 1194 no prohíbe el uso de jaurías para las modalidades de caza que autoriza ni impone restricciones sobre los medios empleados. Por eso, concluyeron que el Poder Ejecutivo no se excedió en sus facultades al reglamentar la actividad.
“De acuerdo a ello y atendiendo la manda constitucional de que ningún habitante será privado de hacer lo que la ley no prohíbe (art. 19 de la CN), se colige que no hubo por parte del Poder Ejecutivo un exceso en su función reglamentaria”, señalaron los magistrados.
Los fundamentos de la Procuración
El dictamen de la Procuración General fue clave para la decisión de la Corte. Allí se consideró que el recurso extraordinario de la defensora era formalmente inadmisible, porque los agravios remitían a cuestiones de derecho público provincial y no se había demostrado arbitrariedad en la sentencia del STJ.
Uno de los puntos centrales fue que la demanda no impugnó de manera concreta el marco normativo que habilita la caza deportiva, sino una disposición específica del decreto reglamentario: el artículo 26, que regula las condiciones de traslado de las jaurías. Ese artículo establece que “El tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados”.
Para la Procuración, el STJ acertó al considerar que esa norma es un reglamento de ejecución y que el Ejecutivo provincial no se extralimitó al dictarlo. Tuvo en cuenta que la ley 1194 no prohíbe el empleo de jaurías y que menciona “medios autorizados” y “otros medios apropiados”, sin exclusiones sobre el uso de perros.
También remarcó que la defensora no había impugnado los artículos de la ley que regulan los distintos tipos de caza. Por eso, el planteo no alcanzaba para demostrar que el decreto reglamentario careciera de sustento legal.
En otro tramo, el dictamen señaló que los cuestionamientos sobre el sufrimiento animal y la protección de la biodiversidad expresaban una postura contraria a lo resuelto por el tribunal provincial, pero no lograban refutar los argumentos jurídicos de la sentencia ni probar que le faltara fundamentación.
La Procuración también analizó los planteos por la presunta violación de las leyes nacionales 14.346 (maltrato animal), 22.421 (conservación de la fauna silvestre) y 25.675 (política ambiental nacional), además de artículos de la Constitución Nacional, del Código Civil y Comercial y de convenios internacionales sobre diversidad biológica.
Al respecto, advirtió que la invocación genérica de derechos constitucionales no basta para habilitar la instancia extraordinaria. Explicó que el artículo 15 de la ley 48 exige que la cuestión federal tenga relación directa e inmediata con la materia discutida en el expediente.
“En efecto, tal como fue advertido por los jueces de la causa, en autos sólo se cuestiona la norma que establece las condiciones en las que deben ser trasladados los perros y las disposiciones que habilitan la temporada de caza, sin efectuar una concreta impugnación del marco normativo que les otorga sustento”, indicó el dictamen.
Por esa razón, concluyó que las normas nacionales invocadas no guardaban relación directa ni inmediata con lo que había sido materia de decisión. En consecuencia, opinó que correspondía declarar inadmisible la queja.
El debate sobre los derechos de los animales
En su fallo, el STJ también había reconocido un nuevo paradigma en el derecho ambiental y el debate sobre el estatus jurídico de los animales. Los magistrados señalaron que los animales, como seres sintientes y cualquiera sea su especie, son componentes esenciales del ambiente, y que existe una discusión en distintas disciplinas para que sean reconocidos como sujetos de derecho no humanos.
Sin embargo, entendieron que esa discusión debe darse en el ámbito legislativo, donde podría abordarse de manera amplia e integral, en resguardo de la división de poderes.
La Corte Suprema, al desestimar la queja por remisión a los fundamentos del dictamen de la Procuración, dejó firme el rechazo del amparo. Pero no declaró la constitucionalidad de la ley 1194 ni se pronunció sobre la validez general de la caza con jauría: aclaró expresamente que esa cuestión no había sido materia de debate y decisión en el proceso.
