La Corte le sacó la causa al juez "cercano a la AFA" y ahora Tapia queda en la mira por la mansión de Pilar
La Corte Suprema apartó al juez de Campana y devolvió la causa por la mansión de Pilar a Rafecas. En paralelo, aparecieron tres documentos que vinculan a la AFA de Tapia con la propiedad: pagos millonarios, autos de lujo y una firma clave.
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves apartar al juez de Campana Adrián González Charvay de la investigación por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, y devolver el expediente al juez federal Daniel Rafecas. La decisión, tomada por unanimidad con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reabre una causa que apunta a las principales autoridades de la AFA y que ahora suma tres nuevas pruebas documentales.
Los documentos, a los que accedió TN, permiten reconstruir conexiones entre la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y las empresas y personas vinculadas con la propiedad, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La causa investiga el origen del dinero usado para comprar la quinta, registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La capacidad económica de ambos para justificar la operación está bajo sospecha.
Pagos millonarios de la AFA a la dueña de la mansión
El primer documento es una orden de pago de la AFA fechada el 19 de junio de 2025 por $231.110.000 a favor de Real Central SRL. La operación figura bajo el concepto de "servicios de logística" y contiene una referencia al sistema de videoarbitraje (VAR). El comprobante registra una retención de $3.820.000, por lo que el importe neto asciende a $227.290.000.
Esa cifra coincide con una transferencia bancaria realizada a través del Banco Credicoop, emitida el 18 de junio y con fecha de pago del día siguiente. El movimiento tiene como beneficiaria a Real Central, pero presenta una particularidad: la cuenta desde la que se ordenó la transferencia pertenece a Central Park Drinks SRL, otra sociedad vinculada con el entramado empresarial investigado. Los documentos no explican por qué esta firma intervino como ordenante.
No se trata del único pago. Durante los allanamientos a la AFA también se encontraron comprobantes por otros $70.400.000 a favor de Real Central, correspondientes a junio de 2025, con la firma de Pantano como representante de la empresa. En conjunto, las órdenes registran más de $300 millones en operaciones vinculadas con la AFA y la sociedad propietaria de la mansión.
Todo ese material fue obtenido gracias a un allanamiento que el juez Armella ordenó en diciembre de 2025. Luego ese magistrado le envió su expediente a Charvay.
Autos de lujo y empresas relacionadas con Toviggino
La segunda conexión surge de la documentación de los vehículos vinculados con la quinta de Pilar, donde la Justicia encontró una colección de autos de alta gama. Entre los registros aparece un Porsche 911 Carrera 4 GTS, cuya cédula de identificación consigna como titular a Servicios Lindor SA, una empresa a la que el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón vinculó con Toviggino.
La firma tiene domicilio en la calle Paraná al 800, en la Ciudad de Buenos Aires, la misma dirección que figura para Malte SRL, sociedad que fue propietaria de la mansión antes de que el inmueble pasara a manos de Real Central. Además, Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA, aparece vinculado con ambas sociedades: fue presidente de Servicios Lindor y también integró Malte SRL.
Otro de los vehículos documentados es un Chevrolet Chevy SS Coupé de 1971. Una constancia de Sancor Seguros de 2025 identifica a Real Central SRL como asegurada del automóvil. Estos registros se suman a las cédulas de vehículos de lujo que identificaban a familiares del tesorero de la AFA como personas autorizadas para conducir algunos de los autos relacionados con las sociedades investigadas.
La firma de Pantano en una operación entre Argentinos Juniors y la AFA
El tercer elemento es un comprobante correspondiente a una operación de $600 millones entre Argentinos Juniors y la AFA, secuestrado durante los allanamientos a la entidad. El documento registra una entrega de cheques del club a la asociación y contiene una firma acompañada por la aclaración manuscrita "Pantano Luciano".
Es el mismo empresario que figura como titular de Real Central y que está investigado por su presunto papel como testaferro de Toviggino. Su intervención en la operación incorpora otro elemento sobre sus vínculos con la actividad administrativa y financiera de la AFA.
El movimiento también presenta coincidencias con una operación mencionada en la investigación judicial sobre los negocios de Sur Finanzas, la financiera vinculada con Ariel Vallejo, y distintos clubes del fútbol argentino. Según un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona, Sur Finanzas le cedió cheques por $600 millones a Argentinos Juniors, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. La cifra coincide con el importe del comprobante en el que aparece Pantano, aunque todavía no está acreditado que se trate de la misma operación.
El cambio de juez y el origen de la causa
La investigación comenzó el 1 de diciembre de 2025, después de una denuncia presentada por Elisa Carrió, Juan Pablo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, por presuntas maniobras de lavado de dinero y utilización de testaferros.
La propiedad investigada perteneció originalmente al exfutbolista Carlos Tevez. Luego pasó a manos de Malte SRL y, en mayo de 2024, quedó registrada a nombre de Real Central mediante una operación declarada por US$1,8 millones, pese a que una tasación incorporada al expediente le asignó un valor cercano a los US$17 millones.
La decisión de la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había establecido la competencia del juez de Campana, Adrián González Charvay, un magistrado señalado por su supuesta cercanía con la AFA. El máximo tribunal hizo lugar a los cuestionamientos del fiscal general Mario Villar, quien había reclamado que la investigación continuara en la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo recibió también el respaldo del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que consideró que los principales hechos investigados tenían conexión con esa jurisdicción.