La Corte les abrió la puerta y ahora Diputados juega su carta: quieren voltear el DNU de tierras

La oposición en la Cámara de Diputados apura una jugada para dar de baja el DNU 70/2023, el decreto que habilitó la venta de tierras a extranjeros. La decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto la cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras encendió la mecha: Unión por la Patria pedirá una sesión especial para rechazar la norma firmada por Javier Milei en diciembre de 2023.

El anuncio lo hizo el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, al abrir un plenario de comisiones donde empezó a discutirse el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ligado a la Causa Malvinas y enviado por el Gobierno.

Qué dijeron los diputados

Agustina Propato (UxP) no ahorró críticas: calificó el proyecto como una "ley de entrega de la soberanía" y dijo que están "ansiosos" por escuchar a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa). A la vez, reclamó un cronograma que precise cuándo pasarán por el Congreso los "funcionarios de primer nivel" y los expertos propuestos por los bloques opositores.

"Aquellos que somos malvineros de verdad advertimos que con esto, por ejemplo, le estaríamos abriendo las puertas a los ingleses para que vengan a comprar el resto del territorio argentino", alertó.

Desde Provincias Unidas, Martín Lousteau apuntó contra el máximo tribunal: "Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. Entonces, me parece que hay una desconexión profunda".

Y sumó: "Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja". En la misma línea, recordó que ya lo votó en contra en el Senado y anticipó que lo hará otra vez porque, según su visión, es "profundamente inconstitucional".

El peronista Sebastián Galmarini puso el foco en el trámite legislativo: "Sería muy importante que el Senado sancione la reforma a la ley 26.122 de trámite legislativo de los DNU, para que los Decretos no tengan plena vigencia sin la expresa aprobación de ambas cámaras". Y agregó que impulsarán un proyecto para fijar 90 días de vigencia del decreto hasta la ratificación del Congreso.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman planteó su rechazo a la medida de la Corte en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Romina del Pla calificó la situación como "gravísima" y pidió derogar el DNU 70/23: "La entrega de tierras que el gobierno no pudo lograr con su nefasta 'Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada' gracias a la enorme movilización popular del 6 de agosto, ahora lo quieren imponer a través de un fallo de la Corte Suprema".

El plan B del oficialismo

Mientras la oposición más dura empuja la derogación definitiva del DNU —que el Senado rechazó en marzo de 2024, aunque en Diputados no hubo votos suficientes—, el oficialismo evalúa una alternativa para volver a poner restricciones a la compra de tierras por extranjeros sin perder el decreto.

Una de las posibilidades que se analiza es "reinstituir un capítulo con restricción mínima" dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que ya tiene media sanción en la Cámara baja, aunque ese punto todavía no fue puesto en debate.

El 7 de agosto, el Senado aprobó ese proyecto por 37 votos a favor y 33 en contra, pero el oficialismo debió retirar el capítulo de Tierras Rurales, que eliminaba los topes vigentes: 15% por provincia y municipio, y 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo para la compra por parte de extranjeros privados. Se mantenían restricciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal foránea, que necesitan autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

La Libertad Avanza cedió ante los sectores dialoguistas que plantearon que sean las provincias —dueñas de sus recursos naturales según la reforma constitucional de 1994— las que autoricen, regulen o veten las ventas de parcelas a extranjeros en su jurisdicción. También se acordó que el Estado nacional mantenga el resguardo de las zonas de frontera y áreas clave para la seguridad nacional, y que exista un registro de tierras ocupadas por extranjeros a nivel provincial y nacional. Una medida que no conformó al ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Ese capítulo se retiró antes del debate en el recinto, mientras una movilización popular se concentraba en las puertas del Senado.

Cómo se deroga un DNU

El decreto de necesidad y urgencia permite al Presidente legislar en circunstancias excepcionales, aunque su uso está prohibido en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. El Congreso puede rechazarlo con el voto mayoritario de cada cámara. Si solo una lo aprueba, el decreto sigue válido, igual que si no es tratado. Mientras tanto, mantiene vigencia. El rechazo se aprueba con mayoría absoluta de los presentes, es decir, la mitad más uno de los legisladores en sus bancas al momento de votar.

El 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, la norma pasó a Diputados, que nunca la llevó al recinto. En los próximos días, las bancadas de UxP y otras fuerzas pedirán el tratamiento del DNU firmado por Milei en diciembre de 2023.

El respaldo de los excombatientes

La bancada de UxP recibió a los excombatientes del CECIM La Plata, quienes impulsaron la cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras. Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Carlos Castagneto y el resto del bloque peronista les adelantaron que pedirán la sesión especial para derogar la norma.

"Para nosotros es importante que nos reciban senadores y diputados, pero que se sumen para hacer un trabajo común, colectivo, para derogar el Decreto 70/2023, porque es la última instancia para que no pase este proceso de extranjerización de la tierra que será muy nocivo, no solo para la Argentina, sino para quienes habitamos la Argentina, porque nos vamos a quedar sin territorio", advirtió Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM.

También participaron Antonio Marcilese (secretario gremial), Guillermo Soldi (secretario de Política Soberana), Gerónimo Guerrero Iraola (responsable Jurídico) y Gustavo Pirich.

"Recibimos a representantes del CECIM, organización de ex combatientes de Malvinas que impulsó el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras. Establecimos los pasos a seguir frente al ataque del Gobierno y sus cómplices a la soberanía nacional y ratificamos la necesidad de seguir organizándonos para defenderla. El camino es tirar abajo el DNU70/2023 y la tarea es de todos", señaló la diputada Cecilia Moreau.