La causa parecía dormida y el máximo tribunal volvió a moverla: ahora las provincias tienen 20 días para contar qué hicieron con el fallo que las obliga a dejar correr el agua. La respuesta de Mendoza, en la mira.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en movimiento la causa que La Pampa sostiene contra Mendoza por el río Atuel. A través de una resolución notificada este viernes, el máximo tribunal intimó a las partes a que, en un plazo de 20 días, informen si lograron algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (Ciai). En la práctica, el requerimiento apunta a que Mendoza detalle si cumplió o no con el fallo que la obliga a largar agua de manera continua hacia territorio pampeano.
El escrito también pide a las jurisdicciones involucradas que describan qué actividades concretaron desde la sentencia que el propio tribunal dictó en 2020, con la mira puesta en avanzar hacia el cumplimiento efectivo de lo ordenado.
La decisión llega tras más de seis años de presentaciones y reclamos de La Pampa para que se active la ejecución del fallo. Desde el Gobierno provincial celebraron la reanudación del trámite ante la Corte Suprema.
Qué dice la sentencia que sigue pendiente
En 2020, el máximo tribunal fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el límite entre La Pampa y Mendoza.
Además, ordenó a las dos provincias y al Estado nacional que, en el marco de la Ciai, definieran las acciones y las obras de infraestructura necesarias para alcanzar ese volumen de agua. También debían establecer los plazos de ejecución y qué porcentaje de los costos asumiría cada jurisdicción.
El fallo dispuso, a su vez, la elaboración de un programa de monitoreo permanente para controlar la provisión del caudal fijado y la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos. Los programas de obras y de monitoreo debían presentarse ante la Corte para su aprobación en un plazo de 90 días.
La Corte también indicó que, en las negociaciones entre las tres jurisdicciones, debía considerarse una propuesta formulada por el Estado nacional y aceptada por Mendoza en noviembre de 2019. Y advirtió que, si no se alcanzaba una solución acordada, sería el propio tribunal el que definiría el curso de acción.
Por último, instó a La Pampa y a Mendoza a fortalecer institucionalmente el organismo de cuenca e incorporar al Estado nacional. Para ello, planteó considerar la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (Cira), en reemplazo de la actual Ciai.
Con el nuevo requerimiento, la Corte vuelve a colocar en el centro del expediente el cumplimiento de la sentencia de 2020 y reclama a las jurisdicciones que informen qué avances concretos hubo desde entonces.
Ocho décadas de un reclamo que no se cierra
El conflicto por el río Atuel acumula casi ocho décadas. El punto de quiebre fue 1947, cuando se inauguró el primer dique El Nihuil, en Mendoza. El llenado de la represa interrumpió el último brazo del río que todavía llegaba a La Pampa.
En agosto de ese año, Ángel Garay, encargado del destacamento policial de Paso de los Algarrobos, envió un telegrama al presidente Juan Domingo Perón para denunciar la falta de agua, la pérdida de animales y las dificultades que atravesaban los pobladores del oeste pampeano.
Como consecuencia de aquellos reclamos, en 1949 se dictó la Resolución 50/49, que dispuso tres sueltas anuales de agua de siete días cada una para abastecer a las poblaciones y al ganado, regar praderas naturales y alimentar represas y lagunas. La medida no consiguió restablecer el escurrimiento regular.
Las consecuencias ambientales y sociales fueron profundas. La Pampa estima que el corte provocó la desertificación de 1,5 millones de hectáreas y el éxodo de centenares de pobladores del oeste provincial.
Las idas y vueltas por el máximo tribunal
El conflicto llegó a la Corte Suprema en 1979. En diciembre de 1987, el máximo tribunal declaró que el Atuel es un río interprovincial y exhortó a ambas provincias a acordar un uso razonable y equitativo. Sin embargo, rechazó la acción posesoria de La Pampa y mantuvo los usos consuntivos que Mendoza tenía entonces.
En 2014, La Pampa presentó una nueva demanda por daño ambiental colectivo. El 1 de diciembre de 2017, la Corte rechazó el planteo de cosa juzgada de Mendoza y ordenó a las provincias y al Estado nacional determinar un caudal apto para recomponer el ecosistema y elaborar un programa de obras.
Finalmente, el 16 de julio de 2020, estableció una meta interina de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias. También ordenó determinar las obras necesarias y establecer un sistema de monitoreo ambiental.
Ahora, más de seis años después, la Corte reactivó el expediente y dio 20 días a las jurisdicciones para informar si alcanzaron acuerdos parciales y qué hicieron para cumplir la sentencia.
El reclamo por el Atuel, que comenzó con los pobladores del oeste hace casi 80 años, sigue sin una solución definitiva.
