Dos acuerdos firmados por gobiernos pampeanos y una cláusula que todavía pesa: el diputado radical apuntó contra el pasado mientras la Corte pide explicaciones en 20 días.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó el viernes una resolución que vuelve a poner el conflicto por el río Atuel en el centro de la escena: pidió a La Pampa, Mendoza y al Estado nacional que en un plazo de 20 días informen si hubo algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) y que detallen qué se hizo desde el fallo de 2020.
La consulta llega en momentos en que la disputa por el caudal del río sigue sin resolverse. El último pronunciamiento del máximo tribunal ordenó a Mendoza liberar una escorrentía mínima para que el Atuel llegue a territorio pampeano con 3,2 metros cúbicos por segundo, un volumen considerado necesario para sostener el ecosistema de la zona por donde el río pasó históricamente.
Altolaguirre: "No puedo abrir ningún juicio categórico"
El diputado provincial radical Altolaguirre prefirió la cautela al ser consultado. "Del expediente judicial no puedo abrir ningún juicio categórico porque solo conozco lo que ha salido en los medios de comunicación", se excusó.
Sin embargo, el legislador fue contundente al señalar dónde cree que están las responsabilidades políticas de la provincia en la pulseada por el agua.
"Lo que sí tengo en claro es que las posibilidades de recuperar nuestros ríos dependen de la unidad de todos los pampeanos, y de que los gobiernos de La Pampa dejen de cometer errores como fue el acuerdo de 1992 donde La Pampa aceptó que le transfieran la propiedad de los Nihuiles en favor de Mendoza", afirmó.
Según recordó, hasta ese momento esas obras eran titularidad del gobierno nacional. "Gran error pampeano consentir esa transferencia porque ahí se nos complicó aún más la cosa", sostuvo.
El Tratado de 2008 y la cláusula K
El radical apuntó también contra el entendimiento que el entonces gobernador Oscar Mario Jorge firmó en 2008 con su par mendocino, Celso Jaque.
"Y otro gran error fue cuando el gobernador Jorge firmó el Tratado de 2008 con Mendoza, y aceptó en la famosa cláusula k que se inicien los proyectos ejecutivos para la construcción de Portezuelo del Viento. Viéndolos a la distancia fueron dos errores políticos infantiles pero después nos arrepentimos todos los pampeanos de eso", sostuvo.
Para el diputado, la salida pasa por otra cosa: La Pampa "necesita una política hídrica consistente que muestre claridad y unidad respecto de los objetivos que persigue nuestra provincia".
Qué ordenó la Corte en 2020
El fallo que la Corte busca ahora verificar fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, en el marco del artículo 40 de la ley 25.675.
Además, ordenó a las provincias involucradas y al Estado nacional determinar en la órbita de la CIAI las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar ese caudal, indicando el tiempo que demandarían y el porcentaje de los costos que afrontaría cada jurisdicción.
También dispuso diagramar un programa de monitoreo permanente para controlar en el tiempo la provisión del caudal mínimo y la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos. Los programas de obras y de monitoreo debían someterse a aprobación del tribunal dentro de los 90 días.
Gobbi: "Somos damnificados desde hace 80 años"
Desde el gobierno pampeano, el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, sostuvo que en los seis años transcurridos desde el fallo la provincia reclamó que la Corte interviniera para obligar a Mendoza a cumplir con su parte.
"Desde hace más de seis años venimos haciendo reiterados pedidos, presentamos solicitadas ante la CIAI, con datos incluso de la propia provincia de Mendoza, donde demostramos que pueden cumplir con el fallo y también explicamos cómo pueden hacerlo para que el Atuel mantenga un cauce de 3,2 metros cúbicos por segundo, que es lo que estableció la Corte en su momento", afirmó.
El funcionario remarcó que La Pampa "siempre mantuvo una postura firme en que el río es condómino" y que continuará luchando por su "derecho" a la restitución del río sobre el suelo pampeano. "Esperamos que la Corte haga cumplir su fallo", manifestó, y consideró que la provincia es "víctima" en esta disputa.
Gobbi adelantó que el gobierno pampeano está preparando la documentación que el máximo tribunal solicitó en la resolución difundida el viernes.
"Somos damnificados desde hace 80 años", afirmó, y subrayó los graves efectos sociales y ambientales que padece el oeste provincial ante la falta de escorrentía del Atuel. "Es insólito que no se cumpla el fallo", cerró.
