Cuatro partidos opositores, un artículo de la Constitución tucumana y la sombra de 16 años seguidos en el poder: la Corte ya derivó la causa a la Procuración, pero el dictamen que se viene no obligará a nadie. Qué se juega Jaldo de cara a 2027.
La Corte Suprema de la Nación derivó a la Procuración General la demanda de los partidos opositores contra la reelección de Osvaldo Jaldo, pero el dictamen que se viene no atará a los jueces. El máximo tribunal quiere escuchar primero qué opina el procurador interino, Eduardo Casal, sobre un punto clave: si le corresponde intervenir directamente o si el expediente debe tomar otro camino.
La presentación apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el que regula cuántos períodos consecutivos se pueden acumular entre la vicegobernación y la gobernación. La oposición lee ahí una puerta abierta para quedarse hasta 16 años seguidos en los dos cargos más altos del Ejecutivo provincial.
El planteo podría condicionar las intenciones de Jaldo de ir por un nuevo mandato en 2027. Pero atención: el envío a la Procuración no significa que la Corte haya resuelto el fondo del asunto ni que haya definido si el gobernador puede o no ser candidato.
Qué deberá responder Casal
El expediente llegó a la Procuración para que el procurador se expida sobre la competencia originaria del máximo tribunal. Traducido: tiene que decir si corresponde que la Corte trate directamente la acción declarativa de inconstitucionalidad o si el caso debe recorrer otra vía judicial.
Su pronunciamiento no es vinculante. Los jueces de la Corte pueden compartir el criterio de la Procuración o ignorarlo por completo. Con el dictamen en mano, serán ellos quienes definan cómo sigue la causa.
La acción la empujaron los partidos Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, CREO y PRO, con el abogado Marcelo Giullitti Oliva como patrocinante. Los demandantes sostienen que la redacción del artículo 90 habilita una permanencia consecutiva en ambos cargos ejecutivos.
El artículo que está en la mira
La norma provincial fija que gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el cargo y pueden ser reelectos por un período consecutivo. Además, contempla que quien completó dos mandatos seguidos como vicegobernador puede candidatearse para gobernador y, si gana, ser reelecto por otro período consecutivo.
Para la oposición, esa combinación permitiría sumar ocho años como vicegobernador y otros ocho como gobernador: 16 años consecutivos entre los dos puestos. También remarcan que el vicegobernador puede quedar a cargo de las atribuciones del gobernador durante su mandato.
Como antecedente, los dirigentes opositores citaron el tramo entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, cuando Jaldo quedó al frente del Poder Ejecutivo mientras Juan Manzur ocupaba la jefatura de Gabinete de la Nación.
La defensa de Jaldo y del Gobierno
El gobernador salió a defender su posibilidad de presentarse en 2027 y aseguró que el artículo 90 es claro. También cuestionó la lectura opositora y sostuvo que el planteo busca dejarlo afuera de la competencia electoral.
“Quieren sacar de la cancha a un candidato”, disparó Jaldo. Además, marcó que vicegobernador y gobernador tienen responsabilidades y facultades diferentes, y rechazó que sumar ambos cargos permita concluir que hay 16 años de permanencia en una misma función.
Desde la Fiscalía de Estado, Gilda Pedicone afirmó que el texto constitucional habilita al gobernador a postularse y que defender la norma es parte de las obligaciones de su cargo. La funcionaria remarcó que la Provincia debe custodiar su autonomía y la vigencia de una Constitución aprobada por la Convención Constituyente.
Pedicone también opinó que la Corte no debería dejar sin aplicación una cláusula de la Constitución tucumana y que el artículo 90 no admite márgenes de interpretación. Son las expresiones que reflejan la posición del Gobierno provincial: la resolución sobre la competencia y el rumbo de la demanda sigue en manos de la Corte Suprema.
Por ahora, el paso por la Procuración es una estación más dentro del trámite. Casal emitirá una opinión, pero la decisión de aceptar intervenir y de cómo continúa el expediente quedará para los jueces del máximo tribunal.
