La Corte Suprema apura el fallo por la ley de tierras: los conjueces tienen 24 horas para responder

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió acelerar los tiempos para resolver un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros. A través de una resolución firmada este miércoles por el secretario del tribunal, Sergio Miguel Nápoli, el máximo tribunal acortó a 24 horas el plazo que tienen las partes para recusar a los dos conjueces sorteados para intervenir en la causa. La medida busca que la integración del tribunal quede firme cuanto antes y, de ese modo, habilitar una definición en el corto plazo.

La resolución notifica a las partes que los conjueces designados son los camaristas Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza, quienes ya aceptaron el cargo. El texto invoca "las particulares circunstancias de la causa" —que no detalla— para justificar la abreviación del plazo y agrega que se habilitan "días y horas inhábiles" a ese solo efecto. La decisión llega después de que el tribunal sorteara a los conjueces y de que las reglas procesales establecieran originalmente 72 horas para las recusaciones.

Un fallo que generó polémica y una amenaza en el Congreso

El expediente que la Corte tiene ahora a estudio incluye un pedido de medida cautelar que, si se concede, revertiría en la práctica los efectos del fallo que el propio tribunal dictó el martes de la semana pasada. En esa oportunidad, y con un argumento procesal, la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 del presidente Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.

Esa decisión provocó fuertes críticas y llevó a la oposición a amenazar con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023, y no solo el artículo 154. Los bloques opositores pretenden tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima.

En medio de los cuestionamientos, la Corte resolvió volver sobre el asunto y tratar una "aclaratoria" presentada por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, defensores de la ley de tierras. El planteo busca que se precise si el fallo del máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo que ellos impulsan.

Los conjueces y el trasfondo de la interna

A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte no coinciden en cómo avanzar. Como sin tres votos no hay fallo posible, el martes convocaron a dos conjueces. Según fuentes al tanto de los movimientos internos del tribunal, todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama, mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se ubican en la vereda opuesta.

Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, con larga trayectoria judicial, y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Curci, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. Ambos comparten otro dato: integraban tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta que renunciaron en diciembre del año pasado. Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la AFA que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. La renuncia se produjo después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidiera a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA.

Barroetaveña, cercano a Rosatti, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda para poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.

El nuevo planteo y los argumentos de los actores

La aclaratoria fue presentada ante la Corte por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Todos ellos habían promovido una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que eliminó la ley de tierras. Ese planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que reclamaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón, pero la Corte revocó ese fallo al considerar que el Cecim, que había invocado la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.

Los promotores de la aclaratoria solicitaron "que se precise" si el fallo de la Corte de la semana pasada "produce algún efecto" sobre su expediente y, "en su caso, cuál es su alcance", teniendo en cuenta que ellos invocaron "títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento".

Sostienen que su planteo no debe correr la misma suerte que el de los excombatientes porque alegan una legitimación distinta. Remarcan que lo que ellos invocan no se vincula con la defensa de la soberanía nacional, sino con "derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]".

Qué dijo la Corte en su comunicado y la posición de Rosenkrantz

Tras las críticas que generó el fallo del martes pasado y la reacción opositora, la Corte hizo circular a primera hora del jueves un comunicado "aclaratorio" en el que afirmó que solo había resuelto un aspecto procesal, con una decisión que "se ajusta estrictamente" a todos los precedentes del tribunal. Señaló que la sentencia no afectaba "a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales" —entre ellas la de Árbol de Pie— y que "tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente". También criticó a quienes, para "presionar sobre el tema" de la ley de tierras, promovieron "discursos de odio y descalificación en las redes sociales".

Sin embargo, el comunicado no salió por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron que este juez no había participado ni consentido su redacción ni su difusión. El jueves, en un encuentro de jueces de tribunales orales, Rosenkrantz reclamó "tener temple para soportar las críticas".

Con los conjueces ya designados y el plazo de recusación reducido a 24 horas, la Corte quedaría en condiciones de definir si devuelve el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche —donde se inició— o si, de manera excepcional, trata ella misma la medida cautelar. Constitucionalistas con experiencia en el tribunal advirtieron que esta última opción sería una decisión muy inusual, posiblemente bajo la figura de una medida "interina" en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.