La Corte Suprema avaló la condena de un exjerente de Ford: qué pasará con él ahora
¿Qué pasará ahora con el exjerente de Ford de 95 años, condenado a diez años por los secuestros y torturas a trabajadores de la planta de General Pacheco?
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a diez años de prisión contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford, por su participación necesaria en los secuestros y torturas sufridos por trabajadores de la automotriz durante la última dictadura militar.
Con esa decisión quedó cerrada la revisión de la sentencia que se había dictado en 2018. El expediente volverá ahora al Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín, que deberá avanzar con la ejecución de la pena.
El fallo no salió de una integración habitual del máximo tribunal. La mayoría la conformaron Horacio Rosatti junto a los conjueces Juan Ignacio Pérez Cursi y Fernando Poviña, que declararon mal concedido el recurso extraordinario presentado por la defensa. El argumento: ese planteo no lograba refutar todos los fundamentos de la condena.
Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y propuso directamente absolver a Müller. Ricardo Lorenzetti, en tanto, no intervino en la causa.
Qué se probó sobre la participación de Müller
La causa logró acreditar delitos contra 24 trabajadores de la planta de General Pacheco ocurridos entre 1976 y 1977. La mayoría de las víctimas eran delegados gremiales. Diecisiete de ellas fueron secuestradas dentro del propio establecimiento, adonde se instalaron efectivos del Ejército que utilizaron un quincho como lugar de torturas.
La sentencia determinó que la represión dentro de la fábrica se llevó adelante con recursos de la compañía, entre ellos vehículos, y con la colaboración de sus autoridades. Müller fue considerado el número dos de la empresa y la máxima autoridad dentro de la planta.
Para la mayoría, el exjerente contribuyó a identificar y localizar a los trabajadores que luego serían detenidos: aportó credenciales, legajos y listas, y permitió que algunas de las víctimas permanecieran en dependencias de la fábrica.
Los magistrados subrayaron que la participación de civiles en crímenes de lesa humanidad debe analizarse dentro del contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. Recordaron que la persecución de las Fuerzas Armadas apuntó especialmente contra la actividad gremial y que contó con la colaboración de empresarios industriales.
No obstante, aclararon que ese contexto no basta por sí solo para sostener una condena individual. En este expediente, según la mayoría, quedaron acreditados aportes concretos de Müller al funcionamiento del dispositivo represivo.
La sentencia original también había impuesto 12 años de prisión a Héctor Francisco Jesús Sibilla, exgerente de Seguridad de Ford, que falleció después. Aquel fallo fue el primero en la Argentina contra exdirectivos de una multinacional por crímenes de lesa humanidad.
Antes de llegar a la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado las condenas con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, y la disidencia de Guillermo Yacobucci.
Por qué Rosenkrantz pidió la absolución
El voto en disidencia de Rosenkrantz cuestionó la valoración de las pruebas. Para el juez, no se había demostrado más allá de toda duda razonable la intervención personal de Müller, por lo que correspondía aplicar el beneficio de la duda y dejar sin efecto la condena.
Rosenkrantz sostuvo que el cargo jerárquico del acusado no alcanzaba para atribuirle responsabilidad penal. Tampoco, según su lectura, hubo testimonios que ubicaran a Müller durante las detenciones o las torturas, ni pruebas de que tuviera bajo su control la información privada del personal o los accesos a la fábrica.
El magistrado remarcó que la gravedad de los crímenes y las dificultades para investigarlos décadas después no habilitan a reducir las exigencias probatorias. Desde esa perspectiva, consideró que estaban afectadas las garantías de defensa en juicio y la presunción de inocencia.
Qué pasa ahora con Müller
Müller tiene 95 años y permanecía en libertad porque el tribunal había dispuesto que su situación se mantuviera así hasta que la condena quedara firme. En aquella resolución, los jueces establecieron que, una vez concluida la revisión, debía cumplir la pena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Con el aval de la Corte, la causa regresa al tribunal de San Martín para que avance con la ejecución de la sentencia.
