La Corte Suprema de EE.UU. define el futuro del asilo en la frontera: qué se juega
Tres organizaciones denunciaron que el gobierno de Trump armó "por decreto" un sistema paralelo de deportación y la Justicia les dio la razón dos veces. Ahora la Corte Suprema tiene la última palabra sobre el asilo en la frontera.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar el paquete de restricciones que la administración de Donald Trump aplicó sobre el acceso al asilo en la frontera con México. La decisión abre un capítulo decisivo para miles de migrantes que buscan protección en territorio norteamericano.
El máximo tribunal confirmó su decisión en una breve lista de resoluciones publicada el 13 de noviembre. Los alegatos orales, según el portal especializado Scotus Blog, quedaron previstos para la primavera de 2027.
Qué preguntas revisará el tribunal
La Corte concedió la petición de certiorari —el recurso que permite a un tribunal superior revisar lo resuelto por una instancia inferior— limitada a dos puntos concretos planteados por el gobierno.
El primero es evaluar si la proclamación presidencial N° 10.888 y las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspenden la entrada de ciertos migrantes y el acceso al proceso de asilo son legales.
El segundo consiste en determinar si la sección 8 U.S.C. § 1252(f)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) impide a los tribunales inferiores dictar medidas cautelares de alcance colectivo contra la ejecución de las leyes migratorias.
“Se concede la petición de certiorari limitada a las cuestiones uno y dos planteadas en la petición”, señaló la Corte en el documento.
Qué dice la proclamación de Trump
El 20 de enero de 2025, Trump emitió la proclamación 10.888 después de declarar una “invasión” en la frontera sur. Con ese argumento, suspendió la entrada de migrantes que cruzaran los puertos de entrada y les cerró la posibilidad de solicitar asilo.
“Proclamo que los extranjeros que participen en la invasión de la frontera sur de EE.UU. tienen restringido invocar disposiciones de la INA que permitan su presencia continua en el país hasta que se emita una confirmación de que la irrupción haya cesado”, sostiene el escrito oficial.
A partir de esa declaración, el DHS emitió dos instrucciones internas para procesar a quienes cruzan la frontera. La primera es la repatriación directa 212 (f), que implica la expulsión física inmediata del país sin una orden formal de deportación. La segunda es la remoción acelerada 212 (f), que contempla una notificación y una orden de deportación.
El recorrido judicial del caso
La proclamación acumula varios capítulos en los tribunales. El 3 de febrero de 2025, tres organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda colectiva: sostuvieron que la administración Trump buscaba crear “por decreto” un sistema alternativo de deportación al margen de la ley.
El 2 de julio de 2025, el juez de distrito Randolph D. Moss anuló las directrices del DHS por considerar que violaban la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El 24 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones ratificó el fallo del juez de distrito y el 23 de julio rechazó el pedido del gobierno para reconsiderar la decisión. El 27 de julio, el Tribunal de Apelaciones suspendió la entrada en vigor de su propio fallo a la espera del recurso ante la Corte Suprema. En agosto, la administración Trump presentó la petición de certiorari.
Con el caso ya en manos del máximo tribunal, la definición quedará para los próximos meses: primero los alegatos, previstos para la primavera de 2027, y después el fallo que podría reordenar el acceso al asilo en la frontera sur.