La Corte Suprema de EE.UU. revisará el caso de un migrante que lleva 20 años en el país y no puede pedir fianza

El máximo tribunal de Estados Unidos aceptó revisar si el gobierno de Donald Trump puede mantener detenidos sin audiencia de fianza a inmigrantes que viven en el país sin haber sido admitidos formalmente, incluso después de décadas de residencia. El caso, identificado como Rhoney v. Barbosa da Cunha (expediente 26-104), enfrenta a la administración republicana con la defensa de un brasileño detenido en 2025 y podría definir un criterio uniforme en todo el territorio norteamericano.

La controversia se centra en dos artículos de la ley migratoria. El gobierno sostiene que la sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A) obliga a detener sin fianza a quienes no fueron admitidos formalmente en el país. La defensa y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) argumentan que debe aplicarse la sección 8 U.S.C. § 1226(a), que permite a un juez de inmigración evaluar cada caso y decidir si otorga una audiencia de fianza.

Qué analiza la Corte Suprema

En su lista de órdenes del 1° de octubre, el tribunal concedió las peticiones de certiorari y pidió al tribunal inferior que le remita el expediente. La decisión final podría establecer un criterio nacional sobre las condiciones de detención mientras se resuelven los procesos migratorios, y también involucra el alcance del debido proceso.

La política aplicada por Trump desde julio de 2025 elimina la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza para las personas comprendidas en esa interpretación, mientras enfrentan un procedimiento de deportación.

El caso de Ricardo Barbosa da Cunha

El inmigrante brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha llegó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en 2004 o 2005, según el litigio. Desde entonces vivió más de 20 años en el país, donde reside con su esposa y sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.

Es propietario de una vivienda y dirige una empresa de construcción. En 2016 presentó una solicitud de asilo que sigue pendiente y cuenta con autorización de trabajo. Sus abogados aseguraron a Associated Press que nunca fue acusado ni condenado por un delito.

En septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron durante una parada de tráfico en Norwood, Massachusetts. Un juez de inmigración determinó que debía permanecer detenido bajo la nueva interpretación del gobierno, por lo que su defensa recurrió a la Justicia para pedir una audiencia de fianza.

La división entre los tribunales

El 28 de octubre de 2025, tras revisar el expediente, un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza al concluir que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. El gobierno apeló y el 28 de abril de 2026 la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó por unanimidad el fallo favorable al inmigrante. Ese tribunal sostuvo que la norma de detención obligatoria no debía extenderse a personas que ya viven en el interior del país y advirtió sobre posibles problemas constitucionales vinculados con el debido proceso.

La división abarcó nueve circuitos federales. Los circuitos Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo, junto con más de 500 jueces de distrito, rechazaron la interpretación del gobierno. En cambio, los circuitos Quinto y Octavo la respaldaron, lo que generó criterios diferentes según la jurisdicción.

Qué busca el gobierno federal

La administración Trump pretende que la Corte Suprema confirme que la sección 1225 permite mantener detenidos sin audiencias de fianza a los inmigrantes que no fueron admitidos formalmente, sin importar cuánto tiempo lleven en el país. También sostiene que las sentencias contradictorias dificultan una aplicación uniforme de la ley migratoria.

“El resultado es un mosaico inviable de medidas de aplicación de la ley de inmigración inconsistentes, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros”, señalaron los abogados del gobierno federal, según retomó Associated Press. Para la administración, una resolución del máximo tribunal permitiría establecer una regla común para todo el país.

La ACLU, que representa a los demandantes, defiende la aplicación de la sección 1226(a). Sostiene que las personas detenidas en el interior del territorio deben tener la oportunidad de demostrar, mediante una evaluación individual, que pueden continuar sus procesos en libertad bajo fianza. “La ACLU ha impugnado la interpretación errónea que hizo la administración Trump de una ley de detención obligatoria que siempre se había aplicado únicamente a los inmigrantes que solicitaban admisión en la frontera”, dijo la organización en un comunicado.

La Corte Suprema deberá resolver qué disposición legal regula estas detenciones y si el gobierno puede excluir de las audiencias de fianza a quienes llevan años establecidos en Estados Unidos. La aceptación del caso no implica que los magistrados hayan respaldado alguna de las dos interpretaciones.