La Corte Suprema en pleno rechaza la reforma penal de Pullaro: qué poderes nuevos gana la policía
¿Qué poderes nuevos quiere darle Pullaro a la policía y a los fiscales? La Corte Suprema en pleno y los penalistas ya marcaron el riesgo constitucional, pero el Ejecutivo redobla la apuesta a días del debate en Diputados.
El gobierno de Maximiliano Pullaro salió a bancar el paquete de reformas de seguridad que se discute en la Legislatura santafesina y que acumula rechazos de peso: legisladores opositores, la Corte Suprema en pleno, la defensa pública y la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario sostienen que la iniciativa agranda las facultades de la policía y de los fiscales y afloja los controles judiciales.
La Cámara de Diputados tiene previsto tratar el proyecto el próximo jueves. Hasta entonces, el Ejecutivo intenta sostener el rumbo con una respuesta oficial.
La defensa de la vocera
La encargada de bajar el mensaje fue la vocera provincial, Virginia Coudannes. Según planteó, los cambios apuntan a consolidar el plan de seguridad y a darle “más facultades y competencias a la Justicia, a la Fiscalía”, con herramientas que el gobierno considera imprescindibles para pelear contra el delito.
“Siempre hay mucho por hacer, hay un delito que seguir persiguiendo y lo vamos a sostener”, afirmó la funcionaria. En la misma línea, habló de la necesidad de avanzar sobre “toda la cadena de montaje del delito”.
Las objeciones que no responde
El frente de críticas más duro viene de la Asociación de Abogados Penalistas, que presentó un documento ante la Cámara de Diputados. Allí advirtió que varias modificaciones podrían habilitar intervenciones estatales con controles judiciales insuficientes.
El escrito pone la lupa en cuatro puntos: la posibilidad de que la policía interrogue a personas sospechadas antes de que se las impute formalmente; la realización de juicios en ausencia del acusado; la admisión de pruebas obtenidas de manera ilegal bajo el argumento de la buena fe de los agentes; y la ampliación de los allanamientos sin orden judicial.
A eso se suma otro cuestionamiento: que los fiscales puedan disponer determinadas medidas cautelares sin autorización previa de un juez. Para la entidad, ese conjunto de cambios puede afectar el derecho de defensa y las garantías constitucionales.
Coudannes no se refirió puntualmente a esas objeciones. En cambio, insistió con la necesidad de sumar herramientas legales y puso sobre la mesa los números de los operativos en el departamento La Capital.
Los datos que mostró el gobierno
De acuerdo con lo que informó la vocera, en lo que va del año se concretaron más de 600 mil identificaciones de personas y más de 170 mil de vehículos. Además, se contabilizaron 257 detenidos en 190 procedimientos vinculados con robos de cables, medidores y otros metales.
La funcionaria también resaltó los controles en chatarrerías y desarmaderos, y le atribuyó al plan provincial una caída del 63 por ciento de los homicidios respecto de 2022 y 2023, sin precisar el período de comparación.
