La Corte Suprema frenó en seco la reforma de seguridad de Pullaro: qué pidió

El paquete de reformas de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro llegó a la Legislatura de Santa Fe y, en la primera reunión formal, dejó al descubierto una pelea abierta entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial. En un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de Diputados, los legisladores escucharon a las máximas autoridades de la Justicia: los siete ministros de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa.

El punto que encendió todas las alarmas fue la intención de darle a la Policía más facultades para actuar en la calle. Para los jueces, esa jugada roza la inconstitucionalidad.

Los puntos que más rechazo generan

El proyecto que el Ejecutivo quiere convertir en ley toca varios aspectos sensibles del sistema penal provincial. Los magistrados pusieron el grito en el cielo por la posibilidad de hacer allanamientos sin orden judicial previa, tomar declaraciones sin que esté presente un abogado defensor, modificar de lleno la Ley de Inteligencia y rearmar el sistema de recompensas para que funcione con mayor autonomía, sin que los fiscales tengan que pedirlo expresamente.

El ministro Daniel Erbetta fue el encargado de ponerle letra a la postura del máximo tribunal. Recordó que la investigación penal es tarea de los fiscales, pero fue tajante al advertir que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales necesita sí o sí un control judicial estricto. Delegar facultades a la Policía o darles poderes jurisdiccionales a los fiscales, dijo, choca de frente con la Constitución provincial y con los estándares internacionales.

La pregunta incómoda: ¿para qué reformar ahora?

Los jueces no solo cuestionaron el contenido de la reforma, sino también su oportunidad. Según Erbetta, desde que se implementó el sistema acusatorio la tasa de encierro se triplicó en Santa Fe. Con esos números sobre la mesa, desde la Corte se preguntan para qué avanzar con cambios de tinte extremo cuando los índices de seguridad vienen mostrando mejoras sostenidas. El ministro Roberto Falistocco se sumó a esa línea y reclamó que cualquier modificación legislativa se base en datos y estadísticas precisas, no en impulsos políticos.

Lo que sí logró consenso

A pesar del fuerte cruce, el plenario dejó ver algunos acuerdos. La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, destacó el clima respetuoso del debate y la voluntad compartida de cuidar la calidad institucional de la provincia. Además, confirmó que hay consenso unánime en dos puntos: avanzar contra el mercado ilegal de celulares robados y crear un cuerpo especial de defensa para asistir jurídicamente a los policías involucrados en episodios violentos.

Qué viene ahora

El recorrido legislativo recién empieza. Las comisiones que conducen Martín Rosúa (Seguridad) y Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales) convocarán a un nuevo plenario para escuchar a los colegios de abogados, penalistas y asociaciones de víctimas. La idea de los bloques del frente Unidos es consensuar la redacción final hacia noviembre, con cambios estructurales que podrían modificar el texto antes de que llegue al recinto para su votación.