La Corte Suprema revocó la libertad de un policía jujeño condenado por matar a un preso: qué pasará ahora

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la libertad del expolicía Alejandro Raúl Carlos, condenado por el homicidio de Josué Saúl Mendoza en una comisaría de San Salvador de Jujuy. El máximo tribunal revocó el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy que en 2020 le había reducido la pena perpetua a 14 años y ordenó que la causa vuelva a los tribunales provinciales para dictar una nueva sentencia.

El caso, ocurrido el 30 de junio de 2006, es uno de los episodios de violencia institucional más graves registrados en la provincia. Mendoza, un joven de 23 años, fue detenido tras un altercado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital jujeña. Una vez alojado en una celda de la dependencia policial, fue brutalmente golpeado a patadas y luego estrangulado y sofocado hasta morir.

El intento de encubrimiento

Para tapar el homicidio, los uniformados involucrados armaron una escena en el baño de la comisaría simulando un suicidio por ahorcamiento. La maniobra, sin embargo, fue desarticulada por las pericias forenses, que determinaron la verdadera causa del deceso.

En el juicio oral y público, Carlos fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado y apremios ilegales. Pero en 2020, el STJ jujeño recalificó su conducta como la de un partícipe secundario, rebajó la pena a 14 años y le otorgó la libertad inmediata al considerar cumplida la condena.

El fallo de la Corte

Tras el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y el dictamen favorable del procurador general Eduardo Casal, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon que la revisión realizada por la justicia jujeña fue "ilegal y arbitraria", vulnerando el principio de cosa juzgada.

Con esta decisión, el expediente retornará al ámbito judicial local, donde los tribunales de la provincia deberán emitir un nuevo pronunciamiento acorde a derecho que defina la situación procesal del imputado. La medida fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, que reclamaban que el caso no quedara impune.