La Corte Suprema se preparaba para resolver el amparo ambiental por la represa sobre el río Colorado, pero la respuesta que llegó desde La Pampa cambió el trámite: el expediente terminó archivado sin sentencia de fondo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no emitir un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo ambiental que La Pampa había presentado contra el Estado Nacional y Mendoza por la obra "Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento". El máximo tribunal declaró inoficioso expedirse porque la propia provincia actora comunicó que ya no tiene interés en seguir con el expediente.
La decisión llegó después de que la Fiscalía de Estado pampeana informara la pérdida de interés actual en el trámite, como consecuencia de las medidas que se adoptaron con posterioridad a la presentación original.
Qué pedía La Pampa cuando arrancó el reclamo
La demanda inicial buscaba frenar o suspender cualquier procedimiento ligado a la construcción y puesta en marcha de la represa sobre el río Colorado. El planteo exigía que antes se hiciera una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral de toda la cuenca hídrica, con participación de la ciudadanía, y que después el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) la aprobara con carácter vinculante, tal como establece la Ley de Obras Hidráulicas N° 23.879.
En aquel momento, la provincia también había denunciado que Mendoza siguió adelante con la apertura de sobres de la licitación pese a lo que habían resuelto la mayoría de las provincias del comité de cuenca en el acta 73 de 2020, donde se había acordado hacer el estudio ambiental regional.
Los dos hechos que desactivaron el conflicto
El tribunal recordó que el 29 de diciembre de 2022 se dictó el laudo arbitral de la Presidencia de la Nación. Ese pronunciamiento ratificó la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado y de someterlo a consideración del COIRCO, además de fijar la aplicación de la ley 23.879.
A eso se sumó que el gobierno mendocino dejó sin efecto el proceso licitatorio que había lanzado para ejecutar la obra. Lo hizo mediante el decreto 2510/2023, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza.
La respuesta de La Pampa y el archivo
Con ese nuevo escenario, la Corte le pidió a la parte actora que justificara si todavía existía un conflicto litigioso actual. La Fiscal de Estado de La Pampa, Romina Belén Schmidt, contestó que el Estado provincial ya no tenía interés actual en continuar con la tramitación de los autos, en línea con lo expuesto en otras actuaciones vinculadas.
Así, el máximo tribunal concluyó que no se verifica un interés jurídico inmediato o directo que configure un litigio activo apto para resolverse en su instancia originaria. Dispuso notificar a la Procuración General de la Nación y archivar las actuaciones.
