La decisión que tomaron 16 municipios tucumanos y que dejó a tres afuera del esquema

Firmaron acuerdos clave, pero tres ciudades decidieron ir por otro camino. ¿Qué municipios tucumanos cedieron el control de sus fondos a la Provincia y cuáles prefieren arriesgarse solos?

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La decisión que tomaron 16 municipios tucumanos y que dejó a tres afuera del esquema

En medio de una crisis de fondos, más de una decena de municipios tucumanos firmaron acuerdos con la Provincia para que esta gestione el pago de gastos esenciales, como los sueldos. Los convenios, formalizados a fines de febrero, mantienen los montos del año pasado pese a la inflación y dejan fuera solo a tres jurisdicciones que optaron por la autonomía financiera.

Un total de 16 municipios de la provincia suscribieron acuerdos fiscales con el Poder Ejecutivo provincial durante el primer semestre del año. De ellos, 11 distritos cedieron completamente su coparticipación para que el Gobierno provincial asuma el pago de gastos clave, principalmente la planilla salarial.

Los otros cinco municipios optaron por un esquema de asistencia financiera destinado a cubrir eventuales déficits. Las autoridades confirmaron que los montos se mantienen sin cambios respecto a 2025, una decisión que atribuyen a las limitaciones financieras que enfrenta la administración de Osvaldo Jaldo.

Un contexto económico complejo

La situación se complica por varios factores. La caída de los fondos coparticipables de la Nación significó para Tucumán unos $44.000 millones menos en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

A esto se suma la disminución de la recaudación local, la presión inflacionaria y las incertidumbres de la coyuntura internacional. El propio gobernador Jaldo reflejó esta limitación durante las paritarias docentes, afirmando que era imposible ofrecer más dinero porque “no lo tenemos”.

Los acuerdos no tuvieron la publicidad de años anteriores, sin actos públicos ni fotografías oficiales. Su formalización quedó registrada en el Boletín Oficial a fines de febrero, basada en decretos del Ministerio de Economía emitidos el 28 de enero.

¿Qué municipios están en cada esquema?

En el esquema de Asistencia Fiscal Municipal, donde se cede toda la coparticipación, se incluyeron Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena.

Por otro lado, el Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera fue firmado por Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. Este mecanismo prevé un auxilio económico para cubrir desequilibrios en las finanzas.

Quedaron fuera de cualquier esquema de asistencia provincial solo tres jurisdicciones: San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu.

Los compromisos y la situación en Concepción

Los montos específicos no fueron difundidos. Las negociaciones estuvieron a cargo de los ministros Daniel Abad (Economía) y Darío Monteros (Interior). Desde algunos municipios del oeste proyectan una reducción presupuestaria de entre el 12% y el 15% para los próximos seis meses.

El Acuerdo Fiscal Municipal establece compromisos estrictos por seis meses: prohibición de tomar créditos con organismos nacionales o internacionales, obligación de mejorar la recaudación, reducción del gasto total y congelamiento de las plantillas salariales.

Además, los municipios no podrán iniciar acciones judiciales contra la Provincia y deben desistir de demandas previas. Las asistencias son reintegrables y se garantizan con la afectación total de los recursos por coparticipación federal y el Fondo de Desarrollo del Interior.

En contraste, Concepción abandonó el Acuerdo Fiscal en 2024. Su intendente, Alejandro Molinuevo, sostuvo que esa decisión mejoró la situación financiera de la ciudad. “Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”, afirmó.

Molinuevo también mencionó que la situación podría mejorar si prospera una demanda judicial para que se elabore una nueva ley de coparticipación provincial, ya que considera injusta la normativa vigente.

Este esquema de acuerdos evidencia, una vez más, la delicada relación entre las finanzas provinciales y municipales en un contexto de recursos a la baja, obligando a un reordenamiento presupuestario constante.

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