La defensa de “El Militar” Sosa denuncia un “mecanismo de desgaste” y alerta sobre su grave deterioro de salud

Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez, lanzaron una dura crítica al proceso judicial. Advierten sobre un “aislamiento extremo” y un marcado deterioro físico y psicológico del imputado que, aseguran, lo deja inhabilitado para defenderse.

Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, la defensa técnica, emitieron un extenso comunicado cuestionando múltiples aspectos de la causa. El caso, que conmocionó a la provincia, tiene su origen en la golpiza que sufrió la joven el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur.

¿En qué condiciones está el acusado?

El eje central de la denuncia es el estado de Sosa. Sus letrados sostienen que no está en condiciones de prestar declaración de manera normal. Atribuyen esta situación a un cuadro derivado del aislamiento prolongado, la medicación y un grave deterioro de su salud.

Detallaron un régimen de encierro extremo, con escasa interacción humana, salidas mínimas al aire libre y vigilancia permanente. Según la defensa, el imputado presenta temblores, arritmias, episodios de miedo y otras afecciones físicas.

Afirmaron que estos problemas han sido constatados por profesionales del sistema penitenciario y médicos del ámbito público. Incluso, señalaron que especialistas recomendaron levantar el aislamiento e incorporar actividades recreativas, recomendaciones que no habrían sido implementadas.

Incumplimiento judicial y falta de controles

Los abogados remarcaron que existe una resolución judicial que ordena adecuar las condiciones de detención conforme a criterios médicos. Sin embargo, denunciaron que esta disposición no se estaría cumpliendo y que, por el contrario, el aislamiento se habría intensificado.

También pusieron el foco en la ausencia de mecanismos de control externo. Indicaron que en Tucumán no existe un organismo local de prevención de la tortura y que no se permite el ingreso de entidades externas a los lugares de detención. “La única versión disponible es la del Servicio Penitenciario”, afirmaron.

Advirtieron sobre el impacto de la detención en el entorno familiar de Sosa, integrado por personas mayores que residen fuera de la provincia y deben trasladarse para asistirlo. En este sentido, invocaron el principio de intrascendencia de la pena.

Cuestionamientos a la prueba y a la defensa anterior

Otro punto crítico es la actuación de la defensa anterior de Sosa. Los actuales letrados indicaron que en ese período se adoptaron decisiones con el acusado en un estado de vulnerabilidad, aislado, medicado y sin contacto real con el exterior. Mencionaron “conductas que no se ajustaron al ejercicio profesional adecuado”.

La autopsia de la víctima, considerada una prueba clave, también fue objeto de críticas por las inconsistencias en el acceso al material pericial. La defensa señaló que inicialmente se habló de subir las imágenes a un sistema, luego de retirarlas en formato digital y, finalmente, sólo pueden visualizarse en la fiscalía.

Esta modalidad, según plantearon, dificulta el trabajo de su equipo pericial que se encuentra en Buenos Aires, generando cuestionamientos sobre la igualdad de condiciones dentro del proceso.

La hipótesis de fuga y la causa federal

Los letrados también cuestionaron la versión pública sobre el riesgo de fuga de Sosa, vinculada a la supuesta tenencia de un pasaporte al momento de su detención. Afirmaron que el acta de la Policía Federal no registra ese elemento, lo que genera dudas sobre ese planteo.

En paralelo, recordaron que Sosa enfrenta una causa federal por tenencia de estupefacientes. Explicaron que, si bien en un principio había sido sobreseído, la Cámara Federal revocó esa decisión y dispuso su procesamiento. Sobre este expediente, señalaron que aguardan formalizar su intervención para acceder y avanzar con las impugnaciones.

Al cerrar el comunicado, la defensa enumeró los factores que, a su juicio, confluyen en el caso: aislamiento extremo, deterioro de salud, falta de controles, limitaciones en el acceso a la prueba e incumplimiento de resoluciones judiciales. “Hay una persona que no está en condiciones de defenderse por sí misma”, sostuvieron, dejando planteado un interrogante sobre si se trata de una investigación penal o de un “mecanismo de desgaste”.