La defensa de “El Militar” Sosa denuncia un régimen de aislamiento extremo y filtraciones mediáticas

Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez, elevaron una grave denuncia por lo que califican como un “desequilibrio procesal” y condiciones de detención que rozan el trato inhumano. Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, sus defensores, emitieron un contundente comunicado este martes 24 de febrero, alertando sobre una “gravedad institucional” en la causa.

La denuncia central apunta a una difusión masiva y selectiva en medios de declaraciones prestadas en sede fiscal por otra persona imputada en el expediente. Según los letrados, estas piezas procesales, que no son comunicados oficiales, han tomado estado público mientras la defensa de Sosa enfrenta “restricciones materiales concretas para ejercer su función”.

¿Cómo vive “El Militar” Sosa en prisión?

El escrito describe con crudeza las condiciones de encierro de su asistido. Felipe Sosa está alojado en una celda individual dentro de un pabellón donde otros internos comparten espacio, pero él no. Permanece 23 horas diarias en ese lugar, completamente aislado.

Desayuna, almuerza y merienda solo. No mantiene conversación ni interactúa con nadie. Su única salida diaria se limita a unos 15 minutos, bajo un esquema de traslado denominado “formación diamante”, rodeado por personal penitenciario encapuchado.

Un informe psicológico fechado el 23 de febrero de 2026, al momento de su elaboración, confirmaba que Sosa llevaba cinco semanas bajo este régimen, el cual es descrito como un “régimen de aislamiento social extremo”.

Un cuadro de salud vulnerable y sin estímulos

Los defensores hicieron hincapié en la situación de salud de Sosa, señalando que su problemática de consumo y adicción ha sido ratificada por evaluaciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), incluyendo intervención psiquiátrica, y por constancias del propio Servicio Penitenciario.

“El aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada no es neutro. Puede agravar su estado emocional y generar consecuencias acumulativas”, advirtieron. Además, revelaron que no se les ha permitido ingresarle material de lectura, privándolo de estímulos en un contexto de encierro total.

Las condiciones para las entrevistas profesionales también fueron cuestionadas. El contacto con la defensa técnica se realiza bajo acrílico y supervisión permanente, sin privacidad efectiva, lo que afecta la confidencialidad y el derecho de defensa.

Un planteo que llega a organismos nacionales e internacionales

Los abogados encuadraron esta situación en el marco de la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Alertaron que la provincia carece de un mecanismo local operativo de monitoreo para la prevención de la tortura.

Ante esta ausencia de control externo, informaron que la situación fue comunicada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, a la Comisión Provincial contra la Tortura y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Marcelo Cosiansi y Rubén Flores destacaron que Felipe Sosa no registra antecedentes penales. Anunciaron que en los próximos días se celebrará una audiencia judicial para abordar estas restricciones y buscar restablecer condiciones mínimas que permitan una defensa efectiva.

El comunicado finaliza con una pregunta retórica que refleja la postura de la defensa: “¿Tiene lógica que quien ha decidido matar sea el primero en pedir auxilio?”. La audiencia que se avecina promete ser un punto de inflexión en este caso que conmueve a la provincia.