La defensa de Justina Gordillo puso sobre la mesa nuevas pruebas, pero la fiscalía tiene un dato que podría cambiar todo

El futuro de Justina Gordillo, imputada en la causa por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, se definirá este viernes. Su defensa solicitó en una audiencia que se le conceda la libertad o el arresto domiciliario, argumentando un cambio en el panorama de la investigación. Sin embargo, la fiscalía presentó un nuevo elemento que contradice la versión de la acusada y pidió que se mantenga tras las rejas. El juez Bernardo L’Erario Babot tiene la última palabra en una decisión que marcará el rumbo del caso.

¿Qué argumentó la defensa para pedir su libertad?

Los abogados Florencia Abdala y Camilo Atim fundamentaron su pedido en que los riesgos procesales han disminuido. Sostuvieron que la investigación avanzó y descartó algunas hipótesis iniciales que la vinculaban directamente con el crimen ocurrido a fines del año pasado.

Uno de los puntos clave fue aclarar una filmación que mostraba a una persona bajando de un Chevrolet Corsa cerca de la casa de Felipe “El Militar” Sosa la noche del hecho. La defensa explicó que se trataba de una joven visitando a un familiar, descartando así la participación de un cómplice prófugo.

Además, presentaron informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para demostrar que Gordillo no estuvo con la víctima. Según estos datos, Érika Álvarez tomó un Uber a las 3:37 desde su casa y llegó a la vivienda de Sosa a las 3:50. “Justina se retiró de ese domicilio a las 00:08, casi tres horas antes de la llegada de la víctima”, detalló Abdala.

Las pruebas que alejan a Gordillo del cuerpo sin vida

Los defensores también refutaron la idea de que su clienta hubiera permanecido con el cadáver. Un análisis de líneas telefónicas ubicó el celular de Felipe Sosa en el basural de Monteros, donde apareció el cuerpo el 7 de enero a las 11:41. En ese momento, según registros, Justina Gordillo ya se encontraba trabajando en el Poder Judicial.

En este marco, la defensa señaló que la investigación apunta a que quien ayudó a Sosa a ocultar el cuerpo fue Nicolás Navarro Flores. También mencionaron que en las pruebas de ADN realizadas no se detectó el perfil genético de Gordillo y que su declaración contribuyó a las posteriores detenciones de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz.

La contundente réplica de la fiscalía

Frente a estos argumentos, el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron rotundamente al pedido de libertad. Aunque el Ministerio Público Fiscal reconoció que la pista del vehículo Corsa fue descartada, advirtió que la investigación está lejos de cerrarse y que quedan pruebas por producir.

El fiscal Gallo reveló un dato explosivo: el análisis del celular de Justina Gordillo detectó conversaciones que indicarían que la imputada sí conocía a la víctima. En los chats, se referían a Érika como “Anto” y habrían mantenido diálogos vinculados a encuentros sexuales, lo que contradice su declaración inicial donde negaba conocerla.

Además, Gallo destacó que el día del hecho se registraron 28 comunicaciones telefónicas entre Gordillo y Sosa. Entre ellas, hubo siete llamadas por WhatsApp realizadas en un lapso crítico: entre las 7:32 y las 9:07 de la mañana.

Gordillo permanece detenida desde el 3 de enero, cuando el juez Babot hizo lugar al pedido de prisión preventiva por tres meses. Un recurso similar presentado por su defensa ya había sido rechazado el pasado 10 de febrero por la jueza del Tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez. Ahora, con estos nuevos elementos contradictorios sobre la mesa, el magistrado debe decidir si la acusada continúa en prisión o recupera algún grado de libertad mientras avanza la causa.