La defensa del acusado por femicidio apunta a un oscuro vínculo con el narcotráfico internacional

La estrategia legal de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ha introducido una controvertida hipótesis que vincula el caso con redes de narcotráfico internacional, incluso mencionando a un presunto referente del crimen organizado en Brasil. Este planteo, formulado por su abogado, busca desviar el foco de la investigación principal y abre nuevas aristas en un expediente ya complejo.

El abogado defensor, Marcelo Cosiansi, sostiene que aún no existen certezas concluyentes sobre la mecánica de la muerte de la joven. Argumenta que el propio expediente deja espacio para hipótesis alternativas que, según él, no han sido plenamente exploradas por la fiscalía.

¿Qué dice la acusación principal?

De acuerdo con el fiscal Pedro Gallo, el crimen ocurrió el 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100. El cuerpo de Érika Antonella Álvarez fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur.

En la causa también fueron imputadas por encubrimiento Justina Gordillo —empleada judicial y entonces pareja del acusado—, Nicolás Navarro Flores, allegado de confianza, y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de una empresa vinculada a Sosa.

El contexto de drogas que rodea el caso

La investigación ha revelado que el caso está profundamente atravesado por el consumo y la circulación de estupefacientes. Tanto la víctima como el principal acusado enfrentaban problemas de adicción.

En sus declaraciones, Gordillo y Navarro Flores señalaron que Sosa comercializaba drogas, especialmente cocaína y éxtasis. Incluso, el amigo del imputado aseguró que, horas después del hecho, recibió de su parte una piedra de cocaína y una caja con sustancias sintéticas.

En junio de 2023, durante una inspección judicial en un inmueble de Yerba Buena, se hallaron 162 plantas de cannabis —27 de ellas con cogollos—, cerca de medio kilo de flores de marihuana y equipamiento destinado a la producción y fraccionamiento. Aunque inicialmente Sosa fue sobreseído al considerarse que el cultivo tenía fines medicinales, esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Otra línea del expediente conecta a Sosa con una organización desarticulada en 2024 por el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán, vinculada a la realización de fiestas electrónicas clandestinas donde se comercializaba éxtasis. Si bien el imputado no fue formalmente acusado en esa causa, surgieron indicios de que podría haber sido proveedor de las sustancias.

¿Qué plantea la defensa?

Los familiares de la víctima señalaron desde un inicio que Álvarez mantenía una relación con un hombre ligado al tráfico internacional de drogas, apodado “El Paraguayo” o “El Brasilero”, quien habría elegido Tucumán como lugar de resguardo.

Posteriormente, fue identificado como Carlos “El Mayor” Ferreira, ciudadano paraguayo acusado de liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana. Se confirmó que había sido detenido en 2021 en Juan Bautista Alberdi por orden de la Justicia Federal del Chaco, aunque no se precisó su situación procesal posterior.

Según datos incorporados al expediente, habría regresado a Tucumán en 2023 y se habría instalado nuevamente en Alberdi, en medio de investigaciones por posibles conexiones narco con funcionarios. La Policía llegó a realizar un seguimiento sobre este individuo tras ser mencionado en la causa y lo ubicó en la zona de Orán, en Salta, considerada un punto estratégico del narcotráfico. No obstante, al no reunir pruebas suficientes, no se avanzó con medidas judiciales en su contra.

Cosiansi advirtió que podría tratarse de otra persona con características similares. Remarcó que al menos dos testimonios describen a un hombre con múltiples identidades, recursos económicos y vínculos con el narcotráfico, con fuerte presencia en el entorno de la víctima.

El elemento más sensible de la hipótesis

El punto más controvertido de la estrategia defensiva se vincula con la mención de un documento de identidad que, según una familiar de Álvarez, la joven le habría mostrado en vida y que llevaba el nombre de Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, considerado durante años uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica.

Según explicó el abogado, no se trata de un dato indirecto, sino de la referencia concreta a un DNI que habría sido visto por la propia víctima. Da Rocha fue detenido en 2017 en Brasil y condenado a 50 años de prisión, lo que introduce un interrogante clave: si esa persona se encuentra efectivamente detenida, cómo se explica la aparición de su identidad en el expediente.

Para la defensa, este elemento abre dos posibles escenarios: o alguien utilizaba una identidad vinculada a uno de los principales jefes narco de la región, o bien no se profundizó una línea investigativa que podría resultar determinante para esclarecer el caso.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación, con múltiples aristas abiertas y un entramado que combina violencia, consumo de drogas y posibles conexiones con redes de narcotráfico de alcance regional.