La Defensoría del Pueblo de Córdoba encendió las alarmas: el sistema de discapacidad se sostiene con "piezas retiradas"

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó un relevamiento que deja al descubierto la situación crítica que atraviesa el sistema de prestaciones y apoyo para personas con discapacidad. El estudio, realizado entre junio y julio con la participación de todos los actores del sector, apunta a las consecuencias del ajuste presupuestario y el desfasaje arancelario que se arrastra desde fines de 2023.

Luis Arévalo, representante del organismo provincial, fue el encargado de sintetizar las conclusiones: "una crisis bastante profunda del sistema de prestaciones y apoyo para personas con discapacidad". Para graficar la fragilidad del esquema, el funcionario recurrió a una imagen potente: "Usamos la metáfora de la torre de Jenga, que es una torre que está ahí bastante desestabilizada donde sobre todo el Estado nacional fue retirando piezas clave al menos desde diciembre del 2023 a la fecha".

Arévalo advirtió que el sistema se mantiene en pie de manera precaria gracias al esfuerzo del entorno cercano de los afectados. "Ese sistema no termina de derrumbarse porque terminan siendo las familias y las propias personas con discapacidad quienes absorben muchas veces las dificultades que se presentaron en esta coyuntura", explicó.

El desfasaje que golpea al sector

El documento pone el foco en la brecha entre los valores del nomenclador nacional de prestaciones y la inflación acumulada. El representante de la Defensoría describió el retraso en los montos oficiales: "En un contexto donde el sector de la discapacidad ha sufrido ajustes bastante notorios, se produce un desfasaje en los aranceles que tienen que estar establecidos por ley. Si uno mira la inflación acumulada desde diciembre del 2023 a la actualidad y los aumentos que tuvieron las prestaciones, estamos hablando de que hay una pérdida de más del 100%".

El impacto recae directamente sobre prestadores, profesionales y transportistas, según detalla el informe.

Las cifras en Córdoba

El relevamiento también precisa la dimensión poblacional del problema en el territorio provincial. Arévalo detalló que "en la provincia de Córdoba son alrededor de 127.000 personas quienes tienen CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad". Sin embargo, el alcance real es mucho mayor: "la prevalencia a que haya personas con algún tipo de discapacidad o dificultad se estima en alrededor de 400.000 personas".

Es decir, un universo que supera ampliamente a quienes cuentan con la certificación formal y que refleja la magnitud social de la problemática.

El pedido de respuestas institucionales

Tras la presentación del panorama, la Defensoría busca impulsar respuestas concretas. "Creemos que esto tiene que tomar mayor estado público porque se están jugando en este momento algunos debates que son cruciales, vinculados a la aplicación y a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad", sostuvo Arévalo.

El objetivo final, según concluyó, es "pensar cómo canalizamos algunas de estas demandas, tanto con áreas del Estado nacional como con el Estado provincial, para ver si se pueden hacer ciertas gestiones".