La Defensoría del Pueblo de San Luis le puso freno al esquema de cobro de EDESAL y a su pedido de aumento: advierte que los planes de pago parcial no impiden que igual llegue el corte. Qué propone para que las familias no pierdan el servicio.
La Defensoría del Pueblo de San Luis salió a cuestionar las condiciones de cobro de EDESAL y el pedido de actualización tarifaria que la distribuidora presentó ante la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CRPEE). Los planteos se hicieron en dos audiencias públicas: una dedicada a las alternativas para regularizar deudas y otra centrada en el incremento de costos que reclama la empresa.
El pago parcial que no frena el corte
En la primera audiencia, convocada por la Resolución N.º 380-CRPEE-2026, se puso sobre la mesa la posibilidad de habilitar pagos parciales y planes de refinanciación automática a través de la oficina virtual de EDESAL.
El defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, advirtió que esas herramientas no van a resolver el endeudamiento de los usuarios si antes no se revisa la doble penalidad que aplica la empresa por mora. Según explicó, el Reglamento de Suministro —con más de 30 años de antigüedad— contempla el cobro simultáneo de intereses moratorios y una penalidad punitoria fijada en su artículo 42.
La Defensoría también objetó el mecanismo de pagos parciales que propuso la Comisión Reguladora. Lo comparó con el pago mínimo de una tarjeta de crédito: le permite a la empresa cobrar una parte de la deuda, pero no impide que avance con el corte del suministro por el saldo que queda pendiente. A eso se le suman los gastos que el usuario debe afrontar para recuperar el servicio.
Refinanciación virtual: sin tasas, sin cuotas, sin plataforma
Sobre los planes de refinanciación virtual, el organismo remarcó que el expediente no detalla las tasas de interés, el costo financiero total ni la cantidad de cuotas. También cuestionó que no se garantice la gratuidad del trámite y que no exista una plataforma oficial de la CRPEE para consultar y controlar los valores que aplica la distribuidora.
Ante esas observaciones, Belgrano Rawson presentó una batería de propuestas: derogar la penalidad punitoria por mora, fijar tasas preferenciales para hogares vulnerables y suspender de forma automática las órdenes de corte cuando un usuario haga un pago a cuenta o se adhiera a un plan de regularización.
Además, pidió prohibir los cargos de reconexión para usuarios residenciales que hayan sufrido cortes por motivos socioeconómicos, limitar las tasas y cuotas de financiación para que no absorban más del 30% del ingreso familiar y eliminar los gastos administrativos por hacer trámites de refinanciación en línea.
La Defensoría también reclamó que la Comisión Reguladora habilite su propia página web para publicar tasas de referencia y recibir denuncias, y que convoque a una nueva audiencia pública para definir las condiciones de los mecanismos de pago.
El aumento que pide EDESAL: costos arriba del 33%
La segunda audiencia, convocada por la Resolución N.º 372-CRPEE-2026, tuvo como eje el pedido de EDESAL para aplicar el Mecanismo de Monitoreo de Costos, establecido por la Resolución N.º 90-CRPEE-2024.
La distribuidora informó que sus costos aumentaron un 33,44% y solicitó que se evalúe una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la tarifa eléctrica.
En esa instancia, la coordinadora general de la Defensoría, Julia Moyano Mendoza, cuestionó las dificultades para acceder a la información pública de la Comisión Reguladora. Señaló que el organismo todavía no tiene una página web oficial, pese a que la Ley VIII-0276-2004 establece esa obligación, y que usa direcciones de correo no institucionales para sus comunicaciones formales.
También objetó que los interesados deban ir en persona a la sede central de la CRPEE con un pen drive para conseguir una copia de los expedientes. Para la Defensoría, ese procedimiento complica la participación de usuarios y comerciantes de localidades alejadas de la capital.
Moyano Mendoza sumó otra crítica: las respuestas de EDESAL a los pedidos de información del organismo. Según su exposición, la empresa evitó informar la cantidad exacta de hogares endeudados, los cortes de suministro que ejecutó y lo recaudado por multas. En su lugar, aportó porcentajes relativos.
El asesor Daniel Castillo analizó el impacto de las tarifas sobre los usuarios y recordó que, a partir del fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las tarifas deben respetar criterios de razonabilidad, gradualidad y capacidad de pago.
Emprendedores en casa: subsidio perdido y factura más alta
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación de las familias que desarrollan emprendimientos o actividades comerciales dentro de sus viviendas. Castillo advirtió que EDESAL recategoriza de oficio a algunos de esos hogares bajo la Tarifa General (G comercial), lo que implica perder los subsidios residenciales y pagar facturas más caras.
El planteo marca una contradicción con los programas provinciales de asistencia al emprendedurismo, como Mi Próximo Paso. La Defensoría sostuvo que los ingresos que reciben esas familias a través de esas iniciativas pueden terminar absorbidos por el costo de la electricidad.
Por eso, Castillo reclamó modificar el Reglamento de Suministro para crear una categoría tarifaria especial que proteja a los emprendimientos y oficios que funcionan dentro de viviendas familiares.
Al cierre de ambas audiencias, la Defensoría insistió en que las condiciones de acceso y permanencia en el servicio eléctrico deben contemplar la capacidad de pago de los usuarios, en particular de los hogares vulnerables, ante los cambios en el esquema nacional de subsidios.
