La dejaron fuera de EE.UU. hace tres años, se quedó igual y ahora le llegó una factura de US$668.000

Una ciudadana hondureña que siguió viviendo en Estados Unidos pese a tener una orden de expulsión en firme deberá pagar una multa civil de US$668.390,95. La sanción recayó sobre Kenia Elizabeth Vasquez Dubon y fue difundida por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

El caso se remonta al 22 de julio de 2022, cuando un juez de inmigración dispuso su deportación a Honduras. Esa resolución quedó firme el 23 de agosto de ese mismo año. A partir de ese momento, la mujer tenía la obligación de abandonar el país.

Qué le advirtieron antes de la multa

Según el comunicado del DOJ, las autoridades migratorias no actuaron por sorpresa. Antes de llegar al tribunal, el gobierno federal envió varias comunicaciones en las que le informaba sobre las consecuencias de no cumplir con la orden.

Entre esos documentos figuró un aviso de intención de imponer una multa, en el que se le notificaba la posibilidad de recibir sanciones civiles. También se le remitió una factura con el requerimiento de pago y advertencias reiteradas sobre lo que implicaba desobedecer la disposición, siempre de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.

Pese a esas notificaciones, Vasquez Dubon permaneció en territorio estadounidense durante más de tres años. Esa situación derivó en un procedimiento federal que terminó con una sentencia económica a favor del gobierno de Estados Unidos.

La frase del fiscal que marcó el caso

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, se refirió a la conducta de la mujer y fue tajante: “Las órdenes de los tribunales de inmigración no son opcionales”.

El funcionario remarcó que Vasquez Dubon había sido advertida en repetidas oportunidades sobre las consecuencias de desobedecer la disposición, pero aun así siguió en el país durante años.

Cómo se calculó la deuda

El monto de la sanción surge de una fórmula concreta: se aplicaron US$998 por cada día de permanencia irregular después de la resolución definitiva, más los intereses legales acumulados hasta el 6 de febrero, según precisó el DOJ.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos habilita este tipo de multas civiles contra quienes no abandonan el territorio tras recibir una orden definitiva de expulsión. En este expediente, el juez federal de distrito Ed Artau hizo lugar al pedido del gobierno estadounidense y dictó sentencia en rebeldía.

El magistrado concluyó que la mujer había incumplido de manera deliberada la orden del juez de inmigración al quedarse en el país, y consideró que correspondía aplicar una sanción económica.

La deuda no termina en esa cifra

Además de los US$668.390,95 fijados en la sentencia, el fallo establece que se seguirán acumulando intereses posteriores a la resolución judicial hasta que el pago se complete. Esos intereses se calculan día a día según la tasa legal aplicable y se capitalizan de forma anual.

La sentencia definitiva fue firmada el 1° de octubre en West Palm Beach, Florida.