La dejó sin teléfono y le dijo a la familia que estaba bien: la trama que terminó con su expareja presa

La Justicia de Santa Cruz envió a prisión preventiva a la mujer acusada de tener cautiva a su expareja, una joven de 23 años identificada como Yamina, a quien habría sometido a agresiones físicas y psicológicas durante un período prolongado, según la denuncia de la víctima. La jueza Yamila Bórquez, del Juzgado de Instrucción N.º 2, procesó a la imputada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial, y ordenó que permanezca detenida en las instalaciones de la Escuela de Policía, en las afueras de Río Gallegos.

El caso salió a la luz a comienzos de octubre de 2026 y conmocionó a la capital santacruceña por la crudeza del relato: aislamiento, intimidaciones y lesiones que la joven describió ante la Justicia y en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral.

Una relación que derivó en control y violencia

La investigación reconstruye cómo una relación de pareja habría pasado de los conflictos a un escenario de violencia sistemática. De acuerdo con el testimonio de Yamina y las declaraciones de sus allegados, las agresiones se fueron intensificando con el tiempo y el control sobre sus actividades cotidianas y sus vínculos se convirtió en una herramienta para limitar su autonomía y bloquear cualquier intento de pedir ayuda.

Entre los episodios más graves que denunció aparecen las quemaduras que, según afirmó, su expareja le habría provocado con una plancha y que le dejaron lesiones de segundo grado. También sostuvo que la habrían atado con alambres y golpeado con un martillo, además de intimidarla con un destornillador y amenazarla tanto a ella como a miembros de su familia.

El teléfono, las redes y los mensajes falsos

Según la denuncia, la acusada le había quitado el celular y le limitó el acceso a sus redes sociales y a otras vías de comunicación. Los familiares de Yamina relataron además que la imputada habría enviado mensajes haciéndose pasar por ella para transmitir que estaba bien y desalentar los intentos de contacto. Ese mecanismo habría profundizado el distanciamiento con su entorno afectivo y dificultado que sus allegados conocieran su situación real.

Las amenazas también habrían jugado un papel central. La joven contó que temía que su expareja tomara represalias contra sus hermanos menores si intentaba escapar o buscar auxilio. Ese miedo, según su testimonio, fue uno de los factores que la mantuvieron sometida durante parte del período investigado.

La fuga y el rol de una familia

El escape se produjo durante un nuevo episodio de violencia, mientras se desplazaban en un auto. Yamina logró bajarse y corrió por la calle, descalza y sin abrigo, hasta llegar a una zona cercana al natatorio municipal de Río Gallegos. Allí la asistió una familia que estaba en las inmediaciones: la resguardaron, dieron aviso a la Policía y pidieron que se contactara a su padre. Después fue trasladada para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

La intervención de esos vecinos resultó decisiva para poner en marcha las actuaciones. Tras la denuncia tomó intervención la División Comisaría de la Mujer y la Familia y la investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 2. Efectivos de la División de Investigaciones localizaron el lugar donde habrían ocurrido las agresiones: una vivienda de la calle Tres Lagos, donde se concretó un allanamiento, de acuerdo con la reconstrucción publicada por medios santacruceños.

Qué implica el procesamiento y la preventiva

La resolución de Bórquez abre una nueva etapa en el expediente. El procesamiento implica que, en esta instancia, el juzgado considera que existen elementos suficientes para sostener provisionalmente la imputación penal, según los términos de la resolución. No equivale a una condena definitiva.

La prisión preventiva, en tanto, es una medida cautelar que restringe la libertad durante el proceso cuando se reúnen los requisitos legales. Su finalidad no es anticipar una pena, sino asegurar que el procedimiento pueda desarrollarse conforme a las disposiciones judiciales. La situación procesal de la acusada deberá seguir su curso con las garantías que prevé la ley mientras la Justicia evalúa las pruebas y define los próximos pasos.

Respecto de una eventual pena, la información del expediente señala que podría alcanzar los nueve años de prisión si en un juicio se acreditaran los delitos imputados y se mantuvieran las circunstancias agravantes consideradas. La sanción concreta dependerá de la calificación legal definitiva, de los hechos que se tengan por probados y de lo que resuelva el tribunal competente.