La demanda radical contra la reforma constitucional dio un paso clave, pero el Procurador le negó la cautelar
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La demanda radical contra la reforma constitucional dio un paso clave, pero el Procurador le negó la cautelar

El procurador Cadelago Filippi avaló que el STJ analice la demanda radical contra la reforma constitucional, pero pidió rechazar la cautelar que buscaba frenar la prórroga de mandatos y los plazos de la Convención. ¿Qué argumentó?

El procurador general de San Luis, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, dictaminó que la demanda de inconstitucionalidad presentada por dirigentes de la UCR contra la ley que habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial cumple con los requisitos formales para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la trate. No obstante, recomendó rechazar la medida cautelar que buscaba frenar la aplicación de varios artículos de la norma.

El pronunciamiento, firmado digitalmente el 11 de noviembre, corresponde a la causa iniciada por José Luis Riccardo, Daniel Atilio Mariani y otros referentes radicales, quienes cuestionaron diversos puntos de la Ley XIII-1213-2026, sancionada en septiembre.

Qué evaluó el Procurador

Cadelago Filippi sostuvo que el STJ tiene competencia originaria para intervenir en este tipo de demandas y que la presentación se ajustó a los requisitos del Código Procesal Civil y Comercial. Por eso la consideró «formalmente procedente».

El dictamen no se pronuncia sobre el fondo del asunto: no analiza si la reforma es constitucional ni si los argumentos de los demandantes son válidos. Se limita a una evaluación de admisibilidad, es decir, a determinar si la causa puede avanzar para que el tribunal examine el planteo.

Los tres ejes que cuestiona la UCR

La demanda apunta contra tres aspectos de la ley que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial.

Primero, la posibilidad de que la futura Convención Constituyente incluya una cláusula transitoria para prorrogar hasta 2031 los mandatos de diputados, senadores y concejales elegidos en 2025, sin llamar a nuevas elecciones para esos cargos. Los demandantes argumentan que esa extensión vulnera el principio de periodicidad de los mandatos y objetan que los propios legisladores que podrían beneficiarse hayan participado en la sanción de la ley que habilita esa posibilidad.

Segundo, el plazo de funcionamiento de la Convención. La ley dispone que debe comenzar a trabajar dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de los convencionales y completar su tarea en 60 días, con una prórroga posible de otros 30. Para los radicales, esa disposición invade una atribución que la Constitución provincial reserva a la propia Convención.

Tercero, el artículo 6, que establece que los convencionales se elegirán en la próxima elección provincial general. La demanda sostiene que la Constitución exige una elección especialmente convocada para ese fin.

Los demandantes también pidieron que, en caso de que esos puntos no puedan separarse del resto de la norma, se declare la inconstitucionalidad de toda la ley.

Por qué pidió rechazar la cautelar

Respecto de la medida cautelar, Cadelago Filippi consideró que no corresponde hacer lugar a la suspensión solicitada. Los radicales habían pedido que la Provincia se abstuviera de realizar actos de convocatoria, instrumentación o aplicación de las disposiciones que habilitan la prórroga de mandatos y fijan los plazos de la Convención, hasta que exista una sentencia definitiva.

Para el procurador, la cautelar coincide sustancialmente con el objeto de la demanda principal: suspender esas disposiciones produciría, en los hechos, un efecto similar al que los demandantes buscan con una sentencia favorable.

El dictamen advierte que conceder la medida dejaría sin efecto, de manera provisoria, parte de la Ley XIII-1213-2026, cuya validez es precisamente lo que debe resolverse en el proceso judicial.

También señaló que la discusión sobre la compatibilidad de la reforma con la Constitución provincial requiere un análisis más amplio que el permitido en una cautelar, con el debate y el examen propios de una sentencia sobre el fondo.

Por esos motivos, concluyó que la demanda es formalmente procedente, pero que no se reúnen los requisitos para conceder la medida cautelar, y recomendó su rechazo.

Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, procurador general de la provincia

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