La denuncia que sacude la causa Generación Zoe: apuntan contra una fiscal por un llamado que nunca existió

La defensa de Leonardo Cositorto, cabecilla de Generación Zoe, presentó una denuncia penal contra la fiscal Juliana Companys por presunta falsedad en el inicio de la megacausa. El escrito sostiene que todo el expediente se habría originado con una certificación falsa de un llamado anónimo que jamás existió.

El abogado Guillermo Marcelo Dragotto, en representación de Cositorto, formalizó la acusación contra la fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María. Según el escrito, la investigación por asociación ilícita y estafas vinculada a Generación Zoe "habría iniciado con una certificación falsa de un llamado anónimo que jamás existió".

Para la defensa, este supuesto fraude procesal invalidaría toda la investigación posterior. Además, advierten que "estaríamos frente a la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad".

¿Qué declaró la secretaria de la Fiscalía?

La acusación se apoya en el testimonio de Karina Maritano, quien se desempeñó como secretaria en la Fiscalía a cargo de Companys. En un proceso paralelo ante el Juzgado en lo Penal Económico, a cargo del juez Gustavo Hidalgo, Maritano manifestó de forma expresa la inexistencia del mencionado llamado.

Según el escrito presentado por Dragotto, el reporte telefónico apócrifo del 3 de noviembre de 2021 fue certificado y decretado por la entonces prosecretaria de la Fiscalía, Florencia Bortolussi. Actualmente, Bortolussi ejerce como fiscal de Instrucción en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de San Francisco.

¿Cuáles serían los delitos y quién investiga?

De comprobarse que la fiscal y la entonces prosecretaria utilizaron una base fáctica deliberadamente falsa para abrir el expediente, habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las actuaciones recayeron en el fiscal de Instrucción de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, quien deberá analizar los elementos aportados para determinar el correspondiente requerimiento fiscal de investigación.

Como parte del ofrecimiento de prueba, el denunciante solicitó que se oficie al Juzgado en lo Penal Económico para incorporar una copia certificada de la testimonial de Maritano al nuevo expediente. El documento original bajo sospecha detalla la supuesta comunicación de una mujer que alertaba sobre maniobras financieras fraudulentas y promesas de rendimientos mensuales del 7,5% en dólares dentro de un instituto de coaching denominado Zoe, ubicado en la calle Alem de Villa María.