La deuda de IOMA que pone en jaque a 15 centros de día y complica el pago de sueldos

La falta de pagos de IOMA a centros de día para personas con discapacidad encendió las alarmas en la región: trabajadores y familias salieron a la calle para reclamar una deuda que ya afecta a 15 instituciones y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

La movilización se concentró este miércoles frente a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en La Plata, sobre calle 46 entre 12 y 13. Allí, los manifestantes exigieron la regularización de las transferencias y denunciaron que la demora en los pagos amenaza la atención de cientos de concurrentes.

¿Cuál fue el detonante?

Uno de los casos que motorizó la protesta fue el del Centro de Día Ensueño, de Ensenada, que acumulaba más de tres meses de deuda por parte de la obra social. Las autoridades de la institución habían advertido que el desfinanciamiento comprometía tanto el funcionamiento del espacio como el trabajo del personal, además de afectar a decenas de asistentes.

Pero el conflicto no es exclusivo de Ensueño. En los últimos días, otras entidades de la región como For Ever, Siluva y Cántaros también hicieron público su reclamo. Sus responsables denunciaron atrasos en los pagos, dificultades para cubrir salarios, transporte y gastos operativos, e incluso la suspensión parcial de actividades por falta de recursos.

¿Hubo avances?

En medio de la tensión, algunas instituciones reportaron avances parciales. Según confirmaron las propias entidades, durante las últimas horas IOMA abonó parte de la deuda a ciertos prestadores, lo que permitió aliviar momentáneamente la situación. El Centro de Día Ensueño, por ejemplo, recibió el pago correspondiente a un mes y decidió priorizar el diálogo para gestionar el resto de los fondos adeudados.

No obstante, desde las instituciones remarcan que el reclamo sigue vigente hasta que se regularice la totalidad de la deuda. Sostienen que las demoras no solo impactan en la economía de los centros, sino que vulneran el derecho de las personas con discapacidad a recibir prestaciones fundamentales para su desarrollo, rehabilitación e inclusión social.