La deuda millonaria que pone en jaque al transporte en San Juan

La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) salió al cruce del Gobierno provincial y aseguró que la crisis del transporte público es estructural, no un simple problema administrativo. La deuda estatal supera los $9.750 millones y las frecuencias de colectivos siguen reducidas.

¿Qué dice ATAP sobre las observaciones?

La entidad que agrupa a las empresas de colectivos urbanos e interurbanos admitió que hubo observaciones administrativas en las liquidaciones presentadas el 14 de julio, pero aclaró que fueron subsanadas a tiempo y son parte del procedimiento habitual. Para ATAP, esas objeciones no justifican la demora en los pagos ni explican el delicado cuadro financiero del sistema.

Según el comunicado de las empresas, la deuda total del Estado alcanza los $9.750.150.676,43. Ese monto incluye compensaciones por el Boleto Escolar Único por más de $2.035 millones, fondos para trasbordos que superan los $823 millones y mayores costos operativos no reconocidos durante el último tramo de 2025 y los primeros meses de 2026.

Reclamos que se acumulan

La lista de reclamos también abarca obligaciones pendientes del año pasado, compensaciones por el incremento de costos de enero y febrero de este año, y pagos por servicios especiales prestados en distintos departamentos del interior durante abril, mayo y junio. Además, las empresas plantearon diferencias por los recursos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales del sistema.

Mientras el Gobierno informó que esos fondos fueron transferidos por la Nación el 28 de julio, ATAP sostiene que, al momento de emitir su comunicado, el dinero aún no había sido acreditado en las cuentas de las prestatarias. Las compañías remarcaron que esos recursos no son un beneficio empresarial, sino parte del esquema para sostener el servicio y mantener bajo el valor del boleto.

Frecuencias reducidas y sanciones

En medio del conflicto, las empresas mantienen una reducción en la cantidad de colectivos que circulan a diario, medida que atribuyen al desfinanciamiento del sector. La situación ya generó sanciones: al menos dos empresas fueron penalizadas por disminuir alrededor de un 30% sus frecuencias.

Pese al escenario crítico, ATAP expresó su voluntad de continuar el diálogo institucional y confía en que las reuniones con la Secretaría de Tránsito y Transporte permitan alcanzar una solución de fondo para garantizar la continuidad y normal prestación del servicio en toda la provincia.