La DGI desnuda la “usina” fantasma detrás de la mansión de Pilar y su vínculo con la AFA

Un informe fiscal clave enviado a la Justicia Federal describe a la empresa Malte SRL como una estructura sin sustento real, utilizada para mover millones de dólares y con conexiones directas a altas esferas del fútbol argentino. La investigación, que apunta a presunto lavado de activos, revela una trama de facturación apócrifa, bienes que aparecen y desaparecen, y un único empleado con domicilio en Puerto Madero para una firma que facturó medio millón de dólares a la AFA.

¿Qué es Malte SRL?

Según un contundente informe de la Dirección General Impositiva (DGI) presentado ante el Juzgado Federal de Campana, Malte SRL opera como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera”. Este documento forma parte de la causa “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga maniobras de lavado de dinero vinculadas a Luciano Pantano, presunto testaferro.

El análisis de la DGI encontró múltiples inconsistencias: frecuentes cambios de domicilio fiscal, la imposibilidad de localizar físicamente a la empresa y su inscripción en actividades económicas dispares sin relación lógica entre sí desde su creación.

La conexión millonaria: la mansión y el blanqueo

Un dato explosivo del informe es que Malte SRL exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares en el marco de la Ley de Blanqueo de Capitales (27.743). Esta misma firma es la que figura como dueña legal de la lujosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Pero el vínculo con el fútbol es aún más directo. Según consta en el boletín 6.089 de la AFA, Malte SRL fue contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema VAR, por lo que recibió un pago de 550 mil dólares de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La trama de los bienes y las facturas dudosas

La DGI detectó serias dificultades para rastrear el origen y destino de los activos. La sociedad declaró bienes como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, pero se observaron altas y bajas recurrentes, muchas realizadas entre empresas vinculadas entre sí.

En el caso de los automotores, se identificó una gran cantidad de transferencias, especialmente de vehículos de alta gama, lo que sugiere una circulación de activos dentro de un mismo entramado. Además, se advirtió sobre facturación electrónica por montos significativos emitida a empresas del mismo grupo, con conceptos que no guardan relación con sus actividades declaradas.

La empresa también registró numerosas compras que no se vinculan con lo que dice comercializar, y varios de esos proveedores tienen relaciones con el mismo circuito. Una irregularidad grave es que Malte SRL no actuó como agente de retención en períodos clave (2020, 2021, 2024 y 2025), pese a registrar importantes montos de compras.

La estructura fantasma: un empleado y una IP reveladora

La estructura operativa de la empresa es, para el fisco, incompatible con su volumen declarado. Malte SRL registró un solo empleado durante casi todo el período analizado. Este único trabajador tiene domicilio en Puerto Madero, Buenos Aires, mientras los domicilios fiscales de la empresa figuran en Santiago del Estero.

Un hallazgo crucial fue que la dirección IP desde la cual se emitían comprobantes electrónicos estaría localizada en Tucumán, agregando otra capa de inconsistencia. Esta misma IP (181.14.215.128) era usada indistintamente por varias empresas vinculadas a Malte, como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL, entre otras.

El eslabón directo con Toviggino

El informe da un paso más allá y conecta esa dirección IP con personas físicas vinculadas a Pablo Toviggino. Según la DGI, en esa IP aparecen registrados el propio Toviggino, sus hijos (María Valentina, Máximo Augusto y María Vittoria Toviggino) y su cónyuge, María Julia Del Castillo.

El documento también menciona una factura de la escribana Gilda Milani por servicios vinculados a declaraciones juradas para varias personas, incluido el investigado Luciano Pantano. Finalmente, la DGI confirmó operaciones entre Malte SRL y la AFA, pero aclaró que no pudo determinar la trazabilidad de los productos supuestamente vendidos a la institución futbolística.