La difusión del video íntimo de una adolescente llega a la Cámara y hay tres nombres en juego

La causa que investiga la viralización de imágenes íntimas de una adolescente de 17 años en Catamarca tendrá este miércoles 18 un nuevo capítulo procesal: la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, en la órbita del Tribunal Penal Juvenil, recibirá los alegatos de las partes en una audiencia de expresión de agravios, según informaron fuentes judiciales a El Ancasti.

Los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí escucharán los planteos que llegaron desde el Juzgado de Control de Garantías Constitucionales Penal Juvenil. La investigación la lleva adelante el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez.

Qué se debate en la audiencia

Hay tres compañeros de escuela imputados por los presuntos delitos de producción y distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas, en concurso real. Hasta el momento, ninguno fue indagado.

Uno de los recursos lo presentó el abogado Luis Marcos Gandini, defensor de dos de los tres imputados. Su planteo es una nulidad sobre el segundo hecho de la imputación, el de la distribución de las imágenes. Ese recurso ya fue rechazado por el fiscal Narváez y por el juez de Control de Garantías Penal Juvenil, Rodrigo Morabito.

El otro recurso lo sostiene el abogado Daniel Ortega, representante legal de un joven mayor de edad que también aparece en el material difundido. Ortega apeló la resolución con la que Morabito, a instancias de la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo, revirtió su decisión inicial y lo dejó fuera como querellante particular: le reconoció solo la calidad de "ofendido", con el argumento de que la imputación principal de Narváez tutela exclusivamente a víctimas menores de 18 años.

Escuchadas las partes, el Tribunal de Alzada quedará en condiciones de confirmar lo actuado en primera instancia o hacer lugar a alguno de los reclamos. Es el paso que falta para destrabar la causa y avanzar hacia las indagatorias pendientes.

El resguardo de la adolescente, en el centro de la escena

Más allá de la discusión técnica, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a la adolescente damnificada. El expediente tramita bajo un marco de confidencialidad, pero en redes sociales circulan publicaciones y videos con detalles del proceso que, en lugar de ayudarla, amplifican su exposición.

El interés superior de la adolescente exige que cualquiera que opine, publique o comparta contenido sobre el caso —esté o no cerca de él— evalúe el impacto que puede generar sobre ella. Esa protección no depende solo del expediente: también requiere que las instituciones con competencia en su resguardo se expresen y actúen.

La reserva sobre los datos filiatorios y sobre cualquier referencia que permita identificar a la adolescente y a los jóvenes imputados se apoya en un conjunto de normas.

La Ley Provincial N° 5544 del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil establece en su artículo 28 la confidencialidad y reserva de las actuaciones, y prohíbe difundir datos, imágenes o información que posibilite la identificación directa o indirecta de niñas, niños o adolescentes sometidos a proceso penal.

La Ley Provincial N° 5357 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza en Catamarca el resguardo de la intimidad, la dignidad y la integridad psíquica frente a cualquier injerencia o exposición pública perjudicial.

La Ley Nacional N° 26.061, en su artículo 22, reconoce el derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificarlos, directa o indirectamente, por cualquier medio de comunicación o publicación, en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o reputación o se produzca una injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada o intimidad familiar.

Con un caso que ya tuvo una marcada exposición pública, la legislación cobra especial relevancia: extremar los recaudos es la única forma de no profundizar el daño ni vulnerar garantías fundamentales.

Cómo empezó todo

El caso se inició en abril, cuando la adolescente participaba de actividades vinculadas con la presentación de los buzos de egresados junto a sus compañeros. Según la investigación, en un descuido habría dejado su teléfono celular al alcance de ellos y, mediante el uso de la clave de acceso, habrían entrado al contenido multimedia y encontrado un video íntimo de la joven con su novio.

Los archivos habrían sido copiados y, en menos de una semana, el material habría comenzado a circular hasta llegar a conocimiento de la propia damnificada.

En junio, la madre de la adolescente, que es abogada, radicó la denuncia penal y se constituyó como querellante. Por la naturaleza de los hechos, con una víctima de 17 años, intervino también la asesora de Menores e Incapaces, Carolina Acuña Barrionuevo.

La investigación quedó en manos del fiscal especializado Narváez. En octubre, el funcionario imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución del material íntimo.

El viaje de egresados y la otra causa

La causa tomó mayor trascendencia pública después del viaje de egresados a Bariloche. Al regresar, una estudiante de 18 años publicó un video en redes sociales en el que relató episodios de hostigamiento contra su compañera y reconoció que había utilizado referencias al material íntimo para burlarse de ella.

Ese episodio dio origen a otra investigación, a cargo de la Fiscalía con competencia en Ciberdelitos.