La diputada Molinuevo desafía al juez: se niega a borrar los posteos y apela la orden a favor de Jaldo

Una diputada nacional se enfrenta a la Justicia provincial tras una orden judicial que busca silenciar sus críticas al gobernador. Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza, no solo se negó a eliminar publicaciones consideradas agraviantes contra Osvaldo Jaldo, sino que apeló la sentencia y cuestionó la competencia del fuero, esgrimiendo su inmunidad parlamentaria. El conflicto judicial abre un intenso debate sobre los límites de la expresión política.

La diputada nacional Soledad Molinuevo se presentó formalmente en los tribunales tucumanos para impugnar la sentencia del juez civil Pedro Cagna. Con el patrocinio del abogado Ricardo José Tomás Paz, la legisladora de LLA formuló sus planteos ante el Juzgado Civil y Comercial Común V de la Capital.

El eje central de su defensa es una cuestión de competencia. Molinuevo advirtió sobre “la incompetencia material del fuero ordinario provincial para seguir entendiendo en estas actuaciones”. Argumentó que está directamente comprometida una prerrogativa funcional de fuente constitucional federal propia de una diputada nacional.

¿Qué pidió el gobernador Jaldo?

Todo comenzó el 13 de marzo, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo, a través de su abogada Paula Morales Soria, solicitó una medida autosatisfactiva contra la diputada. El objetivo era obtener “el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes” atribuidas a Molinuevo.

Según la demanda, la libertaria “atribuye falsamente” al mandatario “responsabilidad directa en un hecho de violencia”, en alusión al cabezazo contra el diputado Federico Pelli. Las publicaciones, sostiene el escrito, “contienen afirmaciones gravemente lesivas” e imputan al gobernador “haber instigado o enviado a una persona a cometer una agresión”. Además, se la responsabiliza por lo que pudiera sucederle a ella y a su familia.

Por estos motivos, la demanda no solo requirió la supresión de los posteos en redes sociales, sino también un pedido de disculpas públicas por parte de la legisladora.

La respuesta del juez y la reacción de la diputada

El juez Pedro Cagna hizo lugar parcialmente a la medida el domingo 15 de marzo. Avaló la orden de cesar las publicaciones, pero no el punto referido a la retractación pública. La notificación se hizo efectiva a mediados de la semana pasada.

Sin embargo, Molinuevo no acató la orden. Los posteos siguen activos en sus cuentas de X, Facebook e Instagram. En su lugar, la diputada interpuso un recurso de apelación en contra de esa sentencia y solicitó la suspensión inmediata de la orden de borrado.

En sus argumentos, puso el foco en la “Inmunidad de Opinión Parlamentaria”. Su escrito señala que al dictar una medida que ordena a una diputada nacional “abstenerse de manifestarse” y “eliminar denuncias políticas”, el juez estaría “alterando el régimen de inmunidades federales”. En línea con esta postura, Molinuevo inició un expediente ante la Justicia Federal de Tucumán.

Un conflicto que trasciende lo judicial

La diputada también advirtió sobre la “necesidad de neutralidad” en el caso. “Resulta inadmisible reducir este caso a un litigio civil ordinario cuando el actor es el Gobernador de la Provincia y la demandada es una Diputada de la Nación”, señaló en sus presentaciones.

Objetó que se la someta a “la jurisdicción de un juez que orgánica y presupuestariamente pertenece a la provincia gobernada por el actor”. Molinuevo fue más allá y afirmó que se debe suspender la medida porque “la censura ejecutada, aunque sea por un breve lapso, es una herida mortal al sistema democrático que no cicatriza con una sentencia absolutoria posterior”.

Alertó sobre el riesgo de que el proceso judicial se convierta en “una herramienta de estrategia política y no en un instrumento de justicia”. Respecto al lenguaje utilizado en sus publicaciones, aclaró que cuando aludió a “comportamiento típico de la mafia” o “prácticas oscuras”, no imputaba conductas penales. “Estoy utilizando una metáfora política para describir un modus operandi institucional que considero antidemocrático”, aseveró.

El juez Cagna firmó este miércoles las actuaciones que dan por presentada a Molinuevo en el expediente. Corrió traslado del planteo de incompetencia a la representación legal del gobernador, que tiene cinco días para emitir su opinión. Sobre el recurso de apelación, hizo reserva “para ser proveído oportunamente”.