La diputada que habla de wichís "desaparecidos" y los datos que desmienten su relato

La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a instalar en la agenda pública una denuncia sobre supuestos "desaparecidos" wichís en Formosa, pero los números y los hechos concretos cuentan otra historia. La legisladora libertaria, junto a otros dirigentes, intentó instalar un escenario de persecución a las comunidades originarias que choca con la realidad provincial.

El trasfondo de la denuncia

Según el relato que impulsan Lemoine y el senador nacional Francisco Neme, habría dirigentes de la etnia wichí detenidos por reclamar "agua y educación". Sin embargo, al analizar el contexto, la denuncia se desmorona: el reclamo por "agua" era en realidad la construcción de una cisterna, que podría haber sido hecha por los propios reclamantes. Y el pedido de "educación" era para abrir anexos de primaria y secundaria, cuando las escuelas están a solo 5 y 8 cuadras de distancia.

Los cortes de ruta en Misión Nueva y Tres Palmas, que tanto mencionan los denunciantes, tampoco son como los pintan. Mientras en Buenos Aires un corte de calles tiene cientos de caminos alternativos a pocas cuadras, en esos lugares no existen vías alternativas: sortear los piquetes implica desvíos de cientos de kilómetros. La Justicia ordenó liberar el tránsito, y eso generó la ira de la diputada.

Lo que no se dice

Detrás de la denuncia hay aspectos que sistemáticamente se ocultan. Entre ellos, el cobro de "peajes" por parte de los piqueteros para permitir el paso de vehículos, y el consumo permanente de alcohol en los cortes. Datos que contradicen la narrativa de una protesta legítima por derechos básicos.

La escasa matrícula escolar en ambas comunidades también pone en duda la razonabilidad del reclamo educativo. Si realmente hubiera una demanda masiva por escuelas, los números de alumnos serían mucho más altos.

Una estrategia que subestima a los formoseños

Para el gobierno provincial, la denuncia de Lemoine y Neme es un "despropósito fáctico" que subestima al pueblo formoseño y engaña a quienes viven fuera de la provincia. Utilizar el término "desaparecidos", con todo su peso histórico, para banalizarlo en una opereta de redes sociales es una irresponsabilidad institucional que bastardea la realidad y le quita simbolismo a los años oscuros.

Los derechos de las comunidades originarias son constitucionales, pero también implican responsabilidades. Los miembros del pueblo wichí son ciudadanos argentinos y, como tales, están obligados a respetar el ordenamiento jurídico. No existe inmunidad para cometer delitos, por más que se invoquen reclamos sociales.