La dueña de un comercio tiene un número en la cabeza: las cuotas que le pide a Nación para no bajar la persiana

La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Miriam Giorgia, puso sobre la mesa una diferencia concreta con el plan oficial que ofrece el Gobierno nacional a las pymes endeudadas con ARCA: mientras la propuesta contempla 18 cuotas, ella sostiene que el comercio necesita, como mínimo, 48.

Lo dijo en diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, donde analizó la decisión del Ministerio de Economía de suspender los embargos contra las pymes mercantiles que mantienen deudas, una medida fijada hasta mayo de 2027.

“Celebramos las medidas que alivian a las pymes, pero el verdadero desafío es que nuestros comercios puedan seguir abiertos, recuperar sus ventas y sostener el empleo”, sostuvo la dirigente durante la entrevista.

Un embargo que apaga la actividad

Giorgia explicó el impacto real que tiene una ejecución sobre una cuenta bancaria y advirtió que puede terminar con la actividad comercial de una empresa que, justamente, necesita seguir trabajando para poder pagar.

“Un embargo sobre una cuenta puede terminar paralizando toda la actividad comercial de esa empresa, que justamente necesita seguir trabajando para poder pagar. Por eso celebramos que se escuchen estos planteos, pero también coincidimos en que necesitamos herramientas que permitan regularizar estas deudas de una manera realista; no alcanza solamente con suspender los embargos. Hay que generar condiciones para que las pymes puedan recuperarse”, señaló.

La suspensión, según sus palabras, llega sobre un sector que venía golpeado: “El Gobierno hoy suspende estos embargos que ya venían arrasando con el sector terriblemente. Teníamos muchas consultas al respecto y claro que vemos positivo que al menos hoy se haya tomado esa decisión hasta mayo del 2027”.

Las condiciones del plan que no cierran

El punto más conflictivo aparece en la letra chica de las facilidades de pago. El plan oficial prevé 18 cuotas y un anticipo del 5% para ingresar. Para la titular de la entidad mercantil, ninguno de los dos requisitos se adapta a la realidad del comercio.

“El Gobierno da un plan de pago de 18 cuotas. Nosotros decimos que hoy el comercio necesita mínimo 48 cuotas para poder estabilizar su situación. Nos piden un anticipo del 5% para ingresar al plan y creemos que no se debería solicitar, sino el pago de la cuota directamente”, explicó.

También reclamó que el plan contemple obligaciones anteriores: “Pedimos la inclusión de las deudas vencidas hasta el 31 de octubre y desde CAME decimos que deben incluir también los planes de pago que aún no han caducado. El objetivo no puede ser solamente cobrar una deuda, también tenemos que cuidar que esa empresa pueda seguir existiendo, porque detrás de cada pyme tenemos trabajadores, familias y una economía local que necesita mantenerse activa”.

Y aclaró un punto que puede prestarse a confusión entre los vecinos: “Para los vecinos que nos están escuchando, no es que estas medidas hacen que la deuda desaparezca. La deuda la vamos a seguir teniendo; lo que estamos viendo acá es cómo la pagamos y podemos seguir trabajando a la vez”.

La espera por la reglamentación

Consultada por las empresas que ya sufrieron ejecuciones antes del anuncio del ministro Luis Caputo, Giorgia confirmó que el sector aguarda la letra fina de la norma para saber cómo proceder.

“Claramente se está pidiendo que sean incorporadas las cuotas y que se pueda volver a trabajar. Cuando esté la reglamentación vamos a saber qué es lo que pasa con esas cuentas y de qué forma tenemos que proceder en el caso de que estemos en esa situación”, precisó.

Sobre el recorrido previo del reclamo, recordó que la emergencia económica en Santa Cruz fue pensada para que ARCA no embargue las cuentas. “Sin embargo pasó, se embargaron, no hubo escucha se podría decir y la decisión llega hoy. Va a acompañar a muchos del sector comercial empresarial que estaban a un paso de ser embargados. Es un paso positivo, pero no es suficiente. Necesitamos planes de pago verdaderamente accesibles y una recuperación de la actividad económica en toda la provincia”, remarcó.

La dirigente venía planteando el tema junto a CAME y la Federación Económica de Santa Cruz a través del pedido de emergencia económica. “Entendemos que muchas pequeñas y medianas empresas están atravesando una situación financiera muy compleja. Hoy tenemos comercios que hacen un esfuerzo enorme para poder mantener sus puertas abiertas, cumplir con las obligaciones y sostener las fuentes de trabajo”, había señalado.

Consumo que no repunta y costos que no bajan

El panorama provincial, según describió, es complejo y está atado al presupuesto de las familias. “En Santa Cruz tenemos una realidad económica que nos preocupa mucho. El comercio viene atravesando meses muy difíciles, con un consumo que no logra recuperar de manera sostenida los costos operativos y familias que tienen que priorizar cada vez más sus gastos, que son nuestros consumidores”, detalló.

Y advirtió: “Muchas veces hablamos de las dificultades de las empresas, pero también tenemos que mirar qué está pasando con el consumidor. Si las familias pierden el poder de compra, eso repercute directamente sobre nuestros comercios”.

A las particularidades de la provincia sumó los costos logísticos, las distancias y el peso de actividades como la minería, el petróleo y el empleo público. “Valoramos las medidas nacionales, pero entendemos que tienen que ser acompañadas también por políticas provinciales y municipales que fortalezcan la actividad económica, la inversión y el sostenimiento del empleo”, planteó.

La mirada del Estado y el año electoral

Consultada por los dichos de Caputo respecto de que el Gobierno nacional advirtió la situación del sector pyme, Giorgia aclaró que hablaba en términos personales. “No creo que haya un ninguneo hacia quienes nos autogeneramos nuestro trabajo y a la vez estamos generando trabajo a otro, pero creo que hoy la mirada no estaba puesta en nosotros. Viene un año electoral donde empiezan a tomar decisiones sobre aquellos sectores que no fueron vistos durante todo este tiempo”, analizó.

Después enfatizó: “Hoy la realidad es que necesitamos que el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, ponga la mirada en quienes estamos produciendo, generando empleo y sosteniendo la economía local. Quien decida emprender no le está pidiendo trabajo al Estado, se lo está generando, y lo que necesitamos son reglas claras para poder seguir trabajando”.

Su pedido a las autoridades fue directo: “Déjennos trabajar, nosotros nos encargamos de buscarle la vuelta entre vecinos para llevar el pan a la casa y pagar las obligaciones que conlleva tener un comercio. Déjennos trabajar lo más ordenadamente posible, lo más justo posible, sin trabas ni burocracia, cuando lo que necesitamos hoy es una simplificación para comercializar”.

Y cerró con una idea colectiva: “Hoy los vecinos necesitamos más que nunca estar unidos para sostener cada uno su hogar y así colaborar para sostener la ciudad, cuidando desde nuestro metro cuadrado hacia afuera”.

Una ordenanza para las nuevas formas de vender

Además del frente nacional, la Cámara de Comercio de Caleta Olivia presentó ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal un proyecto de ordenanza denominado “Régimen integral para el desarrollo, ordenamiento y formalización de las actividades económicas”.

“Lo que busca este proyecto es contemplar las nuevas formas de comercialización, las ventas por redes sociales, las ferias y también la realidad del comercio tradicional habilitado. No podemos desconocer que las formas de comercialización cambiaron; lo que necesitamos es generar reglas claras para todos con igualdad de oportunidades y promoviendo una formalización progresiva”, explicó.

La iniciativa ya tuvo un primer acercamiento con el sector de las ferias. “Mantuvimos una primera reunión con representantes de las ferias de Caleta Olivia, donde encontramos predisposición al diálogo y a trabajar conjuntamente. Nuestra intención como institución es acompañarlos con capacitaciones, herramientas y espacios de trabajo que les permitan avanzar gradualmente hacia su formalización”, argumentó.

Y aclaró que el objetivo no es enfrentar a unos con otros: “No queremos enfrentar al comerciante habilitado con quien hoy trabaja en una feria o lo hace desde un comercio no habilitado; queremos que todos puedan desarrollar su actividad, pero en un marco ordenado y con posibilidades de crecimiento. Por eso presentamos este proyecto donde creemos que necesitamos estar juntos”.

El mensaje final fue para la dirigencia política local: “Desde el Estado tienen que tener presente que estamos para sumar y acompañar, que llevamos propuestas y tenemos la experiencia. A través del diálogo generamos posibilidades. Es necesario tener reuniones, pero mucho más importante es que quienes están hoy en el Estado tomen decisiones a favor del sector, no pensando en la política”.