La dueña del geriátrico clandestino seguirá presa: las transferencias que la complican
La Justicia confirmó que la dueña del geriátrico clandestino seguirá detenida. Pero lo que más complica a la imputada no es solo el abandono de los siete abuelos: los movimientos bancarios que detectó el fiscal y el detalle de su entrega a la Justicia.
La Justicia de Santa Fe ratificó la prisión preventiva para la mujer señalada como responsable de un geriátrico ilegal donde siete adultos mayores vivían hacinados y en condiciones de extrema vulnerabilidad. La decisión se tomó en una audiencia de revisión y alcanza a la imputada, identificada como M.M.
El fiscal Marcelo Nessier, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue quien sostuvo la necesidad de mantener la medida cautelar. Según explicó, el juez consideró acreditados los tres requisitos del artículo 220 del Código Procesal Penal: la probable autoría de la imputada, una pena de cumplimiento efectivo y el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Una entrega sin teléfono y una semana prófuga
Para fundamentar la continuidad de la preventiva, Nessier puso el foco en la conducta de la acusada tras los allanamientos iniciales. La mujer estuvo prófuga durante siete días y, cuando acordó entregarse, lo hizo sin su teléfono celular, un dispositivo clave porque allí se registraban las conversaciones sobre las transferencias y el ingreso de ancianos al establecimiento.
“El magistrado sostuvo por acreditados los tres incisos del artículo 220: entendió que existen elementos sólidos de autoría probable, que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo y que persisten riesgos concretos de fuga y entorpecimiento probatorio. La imputada estuvo prófuga 7 días y, cuando negoció su entrega, lo hizo sin su teléfono celular”, declaró el fiscal.
Pese a esa maniobra, la Justicia autorizó el peritaje de otros cuatro teléfonos secuestrados al coimputado Hoyos y a personas cercanas a la causa.
Nuevas pistas: retención de haberes y una trama de cohecho
Además del delito principal de abandono de persona en concurso real por las siete víctimas, la Fiscalía amplió la imputación contra la dueña del geriátrico al detectar otras maniobras delictivas dentro del lugar no habilitado.
Por un lado, se investiga la retención indebida de documentos y el apoderamiento ilegal de DNI, tarjetas de débito y haberes previsionales de los internos, con el objetivo de concretar despojos patrimoniales. Por otro, a partir de testimonios de familiares y sobrevivientes, surgieron nombres de asistentes sociales que derivaban de manera sistemática a los adultos mayores hacia el geriátrico clandestino.
Esas derivaciones habrían estado acompañadas de pagos. La Fiscalía pidió informes al Banco Central y a entidades financieras como Banco Macro, Banco Francés, Banco Santa Fe, Tarjeta Naranja y Mercado Pago, y detectó al menos 20 transacciones sospechosas entre la imputada y agentes públicos. Los montos identificados ascienden a $150.000, $650.000 y $800.000, y ahora son objeto de pericias contables.
La mira en funcionarios municipales
La investigación también apunta a posibles incumplimientos de deberes por parte de personal municipal o del área de salud que habría omitido controles o facilitado la derivación de ancianos al establecimiento irregular. La Fiscalía analiza si esa conducta encuadra en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con la causa en marcha, los próximos pasos son la conclusión de los peritajes telefónicos y contables y la toma de testimonio formal a las víctimas. Debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, se tramitan anticipos jurisdiccionales de prueba para resguardar sus declaraciones.