La dura advertencia de la presidenta de la Corte por el uso político de un recurso extremo

La máxima autoridad judicial de Catamarca salió a marcar la cancha: los pedidos de intervención federal no pueden convertirse en una moneda de cambio política. María Fernanda Rosales, presidenta de la Corte de Justicia, fue contundente en una entrevista reciente.

En diálogo con el programa Fuego Cruzado de Radio Ancasti, la magistrada cuestionó que se utilice de manera "liviana" una herramienta que la Constitución prevé solo para situaciones límite. Según Rosales, estos planteos requieren de "extrema gravedad institucional" debidamente acreditada y no pueden responder a disputas partidarias.

La funcionaria fue clara al señalar que el tratamiento de estos pedidos corresponde al Congreso de la Nación, y advirtió que su uso irresponsable genera un daño profundo en la confianza pública.

¿Qué dijo Rosales sobre la responsabilidad de los funcionarios?

"La utilización de estas gravedades institucionales livianamente, por cuestiones políticas o ajenas a la verdadera situación institucional de una provincia, nos tiene que llamar a la reflexión sobre nuestra responsabilidad", afirmó la presidenta de la Corte.

En ese sentido, remarcó que quienes ocupan cargos públicos deben ser especialmente cuidadosos al hablar de las instituciones, porque la gente confía o no en ellas según cómo los funcionarios plantean las cosas. Aunque consideró que la crítica es válida, pidió que sea "fundada, constructiva y acorde a la gravedad de los planteos".

El desafuero: ¿qué implica realmente?

Rosales también se refirió al proceso de desafuero y fue tajante al aclarar que iniciar ese trámite no significa que la persona sea culpable. El procedimiento arranca con una denuncia por un presunto delito. Luego, el fiscal evalúa si hay elementos para investigar y, en ese caso, pide la intervención del juez de Garantías.

Ese juez solo analiza si corresponde avanzar, y la decisión final sobre el desafuero la toma el Poder Legislativo. "La investigación inicial no tiene que ver con determinar si la persona es culpable o no, sino con establecer si existen méritos suficientes para solicitar el desafuero y profundizar la investigación", explicó.

A título personal, la presidenta de la Corte opinó que cualquier funcionario acusado de un ilícito penal debería ponerse a disposición de la Justicia. "Si somos funcionarios públicos, deberíamos ser los primeros en someternos a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales", sostuvo.

Sistema de protección de menores: los puntos débiles

La entrevista también dejó al descubierto falencias en el sistema de protección de niños y adolescentes. Rosales explicó que, ante una vulneración de derechos, la primera en intervenir es la Secretaría de Familia, que debe evaluar cómo preservar al menor dentro de su entorno familiar si es posible. Después, los juzgados de Familia controlan la legalidad de esas decisiones.

Sin embargo, advirtió que no todos los municipios cuentan con sistemas locales de protección, lo que a su entender vulnera derechos y dificulta el acceso de los chicos a la asistencia. Además, reclamó avanzar en la implementación efectiva de la figura del abogado del niño, que la ley ya prevé pero no se aplica como corresponde.

El llamado a comunicar sin dañar

Por último, Rosales se refirió a la difusión pública de casos que involucran a menores. Dijo que informar es necesario, pero debe hacerse con responsabilidad y respetando la ley, que prohíbe divulgar imágenes, identidades o datos que permitan identificarlos.

"Comunicar responsablemente es lo mejor que nos puede pasar. Pero en esa comunicación no nos podemos llevar puestos a los niños, niñas y adolescentes. Ellos también tienen derechos", finalizó.