La emergencia en discapacidad no se detiene: piden prorrogar la ley y denuncian pagos adeudados

La crisis en el sector de la discapacidad sigue sin encontrar respiro. Mientras las instituciones luchan por mantenerse en pie, desde Apridis y los transportistas especiales alzan la voz: la emergencia continúa y la ley que debía aliviarla se implementa con cuentagotas. El reclamo es claro: necesitan que el Congreso prorrogue la norma que vence a fin de año.

Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), fue contundente en diálogo con La Capital: “La emergencia en discapacidad continúa, por eso necesitamos la extensión y aplicación plena de la ley”. La norma, que recién se reglamentó en febrero tras un fallo de la Justicia federal, aún no logra traducirse en soluciones concretas. Según el sector, se aplicó “de forma discrecional” y con demoras que agravan la situación.

¿Por qué insisten en la prórroga?

La ley de emergencia en discapacidad vence a fin de año, pero los proyectos para extenderla hasta diciembre de 2027 ya circulan en el Congreso, impulsados por bloques opositores. La semana pasada, la prórroga fue presentada formalmente, y ahora esperan que los legisladores le den tratamiento prioritario.

Chapero explicó que la medida es urgente: “Solicitamos que los legisladores puedan impulsar los proyectos de alivio fiscal, de transporte y de prórroga de ley de emergencia en discapacidad porque precisamente dicha emergencia continúa, se está en absoluta crisis y los espacios con riesgo”. La referente también señaló que hay prestadores que directamente no cobran por sus servicios, una situación que calificó de “irregular” y que atribuyó a la precarización del sistema.

Honorarios congelados y servicios al borde del colapso

Uno de los ejemplos más crudos lo dio Chapero al comparar los honorarios de los prestadores de salud: ganan la mitad del mínimo sugerido por el Colegio de Psicólogos, que hoy está en 40 mil pesos. “Este año tienen una actualización por IPC, pero estuvieron un año congelados, entonces así es imposible, en un escenario con espacios vaciados y otros, directamente cerrados después de años de trabajo”, cuestionó.

El nomenclador incluye capacitación, familia, escuela, equipo interdisciplinario, informes y renovación de certificados, entre otros ítems. Sin una actualización acorde, los profesionales se ven obligados a trabajar con aranceles que no cubren los costos mínimos.

El transporte, otro eslabón crítico

Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes), aportó datos precisos: “El reconocimiento de la actualización por IPC debía aplicarse desde enero de 2025. Sin embargo, los aumentos comenzaron a publicarse expresamente en el Boletín Oficial acompañando el IPC recién en febrero de 2026”. Además, denunció que los aranceles están un 40% por debajo de los costos reales: “Desde julio de este año nos devuelven 881,50 pesos por kilómetro cuando un taxi o remise representa un costo de 1.100 pesos, aproximadamente, para ese mismo recorrido”. Y sumó: “A eso tenemos que sumar la adaptación de las unidades, capacitar chóferes y esperar más de tres meses para cobrar las prestaciones ya brindadas”.

Corrupción y falta de respuestas

Bolego no ocultó su bronca por los recientes escándalos: “Cuando leemos las últimas noticias de Cerimedo y el entramado de corrupción en Andis, pasamos del dolor y tristeza, por ver el cierre de instituciones y personas con discapacidad en situación de pobreza, a la bronca y la indignación”. También criticó que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas no realice los estudios de costos que exige la ley de emergencia.

La situación es tan grave que más de 200 mil personas esperan una pensión por discapacidad, con trámites iniciados y documentación presentada, pero sin respuestas. “Prácticamente no se están otorgando nuevas pensiones”, remarcó Bolego.

Una mesa de trabajo para destrabar la situación

En Rosario, el Concejo Municipal reunió a concejales, diputados y senadores provinciales y nacionales para motorizar acciones. Se convocó especialmente al diputado nacional Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja. “Es fundamental que la ley sea prorrogada para seguir luchando por su implementación a pesar de que fue sancionada y resistió vetos presidenciales hasta que terminó judicializada”, sostuvo Chapero, y agregó: “Este tipo de reuniones ayuda a visibilizar que la emergencia en discapacidad continúa y la ley sigue sin ser implementada”.

La referente remarcó que los Ejecutivos municipal, provincial y nacional deben comprender la necesidad de un alivio fiscal para los espacios en crisis. Mientras tanto, el sector sigue esperando respuestas concretas que, por ahora, no llegan.