La empleada legislativa que prometía casas del IPV y recaudó más de $14 millones

Una mujer que trabajaba en la Legislatura tucumana fue procesada por estafar a cuatro personas con la promesa de adjudicarles viviendas sociales. El monto total defraudado supera los $14 millones y las víctimas, trabajadores que esperaban su casa propia, nunca recibieron nada.

María Alejandra Arrieta, empleada legislativa, fue detenida tras una investigación del fiscal Diego López Ávila. Según la acusación, la mujer se presentaba como gestora o abogada y aseguraba tener contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y en distintos gremios para concretar las maniobras.

¿Cuáles son los cuatro casos que se le imputan?

Caso 1: A fines de 2022, Arrieta ofreció la adjudicación de una vivienda en San Andrés. La víctima le entregó $3,1 millones, pero la casa nunca apareció. Según el expediente, la acusada inventaba excusas para sostener el engaño. La damnificada denunció a principios de este año.

Caso 2: El 10 de noviembre de 2023, se presentó como empleada de la Legislatura y abogada vinculada al gremio UPCN. Ofreció gestionar una vivienda en Manantial Sur a cambio de $2,2 millones para el terreno y $40.000 para gastos de escribanía. La víctima pagó casi $2 millones y no recibió nada.

Caso 3: El 23 de abril pasado, haciéndose pasar por abogada, ofreció recuperar una vivienda del IPV en Manantial Sur a cambio de $4,1 millones. Cuando llegó el momento de la entrega, no cumplió.

Caso 4: El 10 de agosto, durante un viaje en Uber, le contó al conductor que se dedicaba a recuperar viviendas sociales. El hombre le pidió un contacto para un familiar. Ese mismo día, se reunió con la potencial víctima, se presentó como abogada y miembro de la CGT, y le sacó $150.000 para “gestiones”. Al día siguiente, el damnificado le dio $5 millones como anticipo por un terreno valuado en $12 millones. Además, cobró $300.000 por inscribirlos en el sistema. La detención de la mujer frenó la maniobra.

¿Qué pidió la fiscalía?

El fiscal López Ávila ordenó la aprehensión de Arrieta y, a través del auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto, le formuló cargos por estafas. Pidió prisión preventiva por 45 días, argumentando que la mujer podría entorpecer la investigación y que, pese a estar acusada por un hecho similar, seguía buscando víctimas.

El juez aceptó parcialmente el pedido y dispuso arresto domiciliario con pulsera electrónica.

¿Por qué las víctimas cayeron en la trampa?

Fuentes judiciales señalaron que las víctimas son personas trabajadoras que llevaban años esperando una vivienda. “Desgraciadamente, la desesperación de muchos termina siendo aprovechada por personas que buscan mecanismos para estafar”, dijo una fuente cercana a la investigación.

En el caso de Arrieta, se determinó que no tenía ningún vínculo con el IPV. “Es totalmente comprensible que las víctimas hayan caído en el engaño”, sostuvo otra fuente judicial.

¿Cómo evitar estas estafas?

Los especialistas recomiendan:

- Realizar trámites solo en organismos oficiales.
- Verificar la identidad de cualquier gestor.
- Esperar anuncios oficiales sobre adjudicaciones.
- No pagar gastos administrativos en cuentas particulares.
- Consultar al IPV ante cualquier oferta.
- Denunciar cualquier situación sospechosa.